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Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2007 y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria el 28 de diciembre del mismo año):
 

Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2007 y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria el 28 de diciembre del mismo año):

 

1.-        Publicación y vigencia de la Ley de Reforma (LRLIC):

 

            En fecha 13 de diciembre de 2007 la Asamblea Nacional sancionó la Ley de reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, y su publicación se produjo el día 28 de diciembre de 2008 en la Gaceta Oficial No. 5.867, Extraordinario. Según dicha reforma en su Disposición Final Única, la misma entrará en vigencia a los treinta (30) días siguientes a su publicación en la referida Gaceta.

 

2.-        Aspectos novedosos y significativos de la Ley de Reforma:

 

2.1.-     Ampliación del concepto de “divisa” en el artículo 2 de la Ley:

 

            Se entiende como divisa además de la expresión de “dinero” en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios, a cualquier otra modalidad, distinta al bolívar. Con ello podría quedar abierta la posibilidad de entender como divisa a cualquier modalidad que represente una expresión monetaria distinta al bolívar, como por ejemplo, las transferencias bancarias, títulos valores, entre otros.

 

2.2.-     Ámbito personal de aplicación de la Ley:

 

            El artículo 3 que ahora será el artículo 4 se modifica al agregarse la mención de la aplicación de la Ley a las personas naturales y jurídicas que allí se indican, no sólo por contravención de las normas de rango legal sino también las disposiciones de rango sub-legal (como Providencias o Resoluciones administrativas).

 

2.3.-     Ampliación del concepto de la obligación de declarar las importación o exportación de divisas:

 

            Se aclara el señalamiento dispuesto en el artículo 4 de la Ley, ahora artículo 5, en el cual se establece la obligación para las personas naturales o jurídicas de declarar ante CADIVI, el monto y la naturaleza de la importación, exportación, ingreso o egreso de divisas, hacia o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otra divisa. Se mantiene la exención en el cumplimiento de esta obligación para los títulos valores emitidos por la República.

 

2.4.-     Inclusión de un nuevo artículo con el número 6 para los importadores (manifiesto de importación) y publicidad de bienes y servicios adquiridos con divisas preferenciales:

 

            Los importadores deberán indicar en el manifiesto de importación, el origen de las divisas obtenidas. De la misma manera, toda persona natural o jurídica que posea establecimiento comercial en donde se comercialicen bienes y servicios, que se hayan adquirido con divisas provenientes de CADIVI, deben exhibir en dicho establecimiento un anuncio visible al público indicando cuáles bienes y servicio se adquirieron con las divisas preferenciales. De no cumplir este deber se podrá aplicar multa de 500 unidades tributarias y 1000 en caso de reincidencia. Queda encargado de velar por la aplicación de esta disposición  el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), el cual podrá auxiliarse con la Contraloría Social de los Consejos Comunales.

 

2.5.-     Declaración de exportadores de bienes y servicios cuando la operación exceda US$ 10.000,00:

 

            Se modifica el artículo 5, ahora artículo 7 de la Ley, en el sentido de eliminar las exenciones a la declaración de las características de cada operación de exportación y los montos en divisas, cuando excedan de US$ 10.000,00, en los casos de los entes que allí se indicaban, los cuales pasan a conglomerarse en un nuevo artículo (número 8), el cual acoge dicha exención. Igualmente, en esta modificación se elimina la mención a la obligación de la posterior venta al Banco Central de Venezuela, de las divisas producto de la exportación.

 

2.6.-     Competencia exclusiva del BCV e ilícito cambiario de comercio ilegal de divisas:

 

            Se modifica el artículo 6 de la Ley, ahora artículo 9, en el sentido de que el ente emisor mantiene la competencia exclusiva, por cualquier monto, sobre la venta y compra de divisas, aplicando multa por el doble de la operación a las contravenciones a tal obligación.

 

            Igualmente, la nueva redacción del artículo 6, ahora 9, elimina la referencia mediante la cual, el delito de comercio ilícito de divisas, se sometía o se supeditaba a que, tal comercio se hiciere en contravención a la Constitución de la República, a esta Ley, a los Convenios suscritos por la República, o a cualquier otra norma que regule el régimen de administración de divisas vigente a la fecha de la comisión del ilícito. Gran parte de la doctrina indicó que, con el derogado artículo 6 el ilícito sólo procedía si el comercio de divisas violaba esa normativa, es decir, que la norma en sí misma considerada no establecía un tipo penal directo, pues el mismo dependía a lo antes señalado. Se trataba entonces ese derogado artículo 6 de una norma penal en blanco al condicionarse a normas técnicas y a la autoridad administrativa.

 

            De modo que, con la normativa modificada se exigía que una persona natural o jurídica ejecutará la actividad descrita en el artículo 6 (ahora 9) y que tal actividad esté proscrita por el Ordenamiento jurídico.

 

            La nueva reforma sustitutiva eliminó la referencia al último requisito, esto es, a la sujeción, condicionamiento a otras normas o a los designios de la autoridad administrativa y quedó estipulado el mismo tipo de infracción a quien, en un mismo año calendario, en una o varias operaciones y sin intervención del BCV, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre monto de US$ 10.000,00, hasta US$ 20.000,00, sancionándose con multa del doble de la operación o su equivalente en bolívares. Si en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación supera los US$ 20.000,00,  la pena será de prisión de 2 a 6 años y multa equivalente en Bs. al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de divisas al BCV. Quedan igualmente exceptuadas las operaciones con títulos valores.

 

2.7.-     Desviación de divisas obtenidas por medios lícitos:

 

            Se modificó el artículo 8 de la Ley, que pasó a ser el número 11, y en este cambio normativo se eliminó la pena de prisión de 3 a 7 años, quedando únicamente la referencia a la multa aplicable en el doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria.

 

            De la misma forma se estableció el carácter intransferible de la autorización de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas, considerándose ilícita toda desviación o utilización de las divisas por personas distintas, aplicándose para tal contravención multa correspondiente al doble del equivalente en Bs. de la operación o actividad cambiaria realizada.

 

2.8.-     Ilícito de divulgación sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial:

 

            Se incluyó una nueva disposición normativa (artículo 17), en la cual se establece la novedosa contravención señalada, caso en el cual, las personas naturales o jurídicas que ofrezcan, anuncien, divulguen de forma escrita, audiovisual, radioeléctrica, informática o por cualquier otro medio, información financiera o bursátil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial, serán sancionados con multa de 1000 unidades tributarias y en caso de reincidencia será de 2000 unidades tributarias.

 

            Esta norma sin embargo, podría habilitar alternativas de inaplicación al verificarse determinados comportamientos por los particulares mediante la emisión de códigos, signos, símbolos u otras modalidades que permitan conocer la distinta cotización en otros mercados diferentes al oficial, sin necesidad de hacer mención específica a la cotización de divisas no oficiales; es decir, no es necesario divulgar o anunciar una cotización en el mercado paralelo para saber que, ciertas menciones con otros códigos o con distinta terminología es, precisamente, la misma mención o anunció del mercado paralelo. No obstante, hay que advertir que este comportamiento podría constituir la ilicitud mencionada vía fraude de Ley.

 

            Al mismo tiempo, esta normativa es contradictoria con la permisología que otorga la propia Ley sobre la comercialización de títulos valores, razón por la cual, incluso sin indicar cotizaciones del mercado paralelo pueden perfectamente mencionarse cotizaciones en divisas de títulos valores o de intercambio de estos instrumentos crediticios. De hecho, la existencia de una cotización paralela es correspondiente con la permitida comercialización de títulos valores, de modo que, la prohibición señalada pretende ocultar un hecho que es consecuencia de la autorización otorgada por la propia Ley; luego, esta contravención es un total galimatías.

 

            Asimismo, una persona natural o jurídica que fuera del territorio venezolano, sea mediante una página WEB o por otro medio de divulgación, ejecute está actividad divulgativa, puede quedar excluida del mencionado régimen sancionatorio.

 

            Finalmente, este tipo sancionatorio es contradictorio con el artículo 57 constitucional pues censura el derecho a la libertad de expresión en materia financiera o bursátil.

 

            En información publicada en el Diario El Universal el día 14 de diciembre de 2007, en la Sección de Economía, se conoció que la diputada Iroshima Bravo expresó, que la tasa cambiaria implícita se podría notificar si el valor era suministrado por el Despacho de Finanzas y que la información solamente se tendría que dar el día de la emisión (ello haciendo referencia al tipo de cambio implícito en las operaciones de deuda de la República); pero el Presidente de la Comisión de Finanzas habría aseverado también que el comportamiento del dólar permuta no podría ser informado.

 

2.9.-     Ilícito relativo a la oferta pública o privada en divisas:

 

            Se modifica el artículo 14 de la Ley, ahora artículo 19, con la novedosa eliminación al condicionamiento o remisión a las violaciones previas a convenios suscritos por la República, a la normativa cambiaria o a las leyes de la República, quedando entonces expresada la violación en que incurrirían las personas naturales o jurídicas, que pública o privadamente, ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas, las cuales se sancionarían con multa del doble del equivalente en Bs. del monto de la oferta. La misma sanción se aplicará para el caso de la oferta pública, incluyendo al funcionario que autenticaré o registraré un documento con tales características.

 

            El mismo comentario que se hizo para el modificado artículo 6, ahora artículo 9, sobre la aplicación directa de esta contravención, sin sujeciones a la previa violación de otras normas jurídicas, lo reeditamos para este dispositivo.

 

2.10.-   Demora en declaraciones de operaciones superiores a US$ 10.000,00 y posible retención preventiva de divisas:

 

            Se modifica el artículo 15 de la Ley, que ahora será el número 20, con el objeto de incorporar la sanción por declarar tardíamente las operaciones establecidas en los artículos 5 y 7 de la Ley (antes 4 y 5), la cual será equivalente en Bs. al monto de la operación. Si la declaración se presenta ya iniciado el procedimiento administrativo, la misma será igual al doble del equivalente en Bs. del monto de la operación. De no haber declaración y si el origen de las divisas no puede ser demostrado como lícito, se podrá aplicar la retención preventiva de las divisas, las cuales se pondrán en custodia en el BCV. Las divisas retenidas podrán ser decomisadas de comprobarse “...el origen lícito de las mismas...”. Creemos que por un error involuntario la expresión “origen lícito” señalada en el artículo 20 de la Ley debe sustituirse por la frase “origen ilícito” con el objeto de que proceda el decomiso.

 

2.11.-   Retención preventiva de divisas por CADIVI:

 

Se modifica la Disposición Transitoria Única resaltando la SEGUNDA norma que permite que CADIVI retenga preventivamente aquellas divisas que no hayan sido declaradas en la oportunidad correspondiente y cuyo origen no sea comprobado como lícito. Se da un plazo a la Autoridad Administrativa Sancionatoria de 6 meses, a partir de la publicación en G.O.  de esta Ley, es decir, desde el día 28 de diciembre de 2007, para adecuar su estructura organizativa a los fines de aplicar la mencionada sanción.

 

 

La información aquí contenida es meramente informativa y no constituye una opinión legal.

 

 

Roquefélix Arvelo 
Caracas – Venezuela

 

Fuente: BiblioCentro al día medio de divulgación informativo de la Biblioteca "Andrés Aguilar Mawdsley" y del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Teléfonos: 058-0212-481.60.35 / 377.33.58. Fax: 058-0212-481.60.35

 


 
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