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NOTICIAS Y EVENTOS
Los profesionales del derecho y las sociedades civiles
Licencia de Actividad Económica de la Alcaldía de Chacao
 
SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 24 de octubre de 2002, los abogados HUMBERTO BAUDER F., RODOLFO PLAZ ABREU, JUAN MANUEL VAAMONDE, ÁLVARO GONZÁLEZ RAVELO, EMILIO PITTIER OCTAVIO, FÉLIX HERNÁNDEZ RICHARDS, XAVIER ESCALANTE ELGUEZABAL y ANDRÉS HALVORSSEN, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 9.011, 12.870, 13.890, 14.760, 14.829, 23.809, 48.460 y 49.144, respectivamente, en nombre propio, interpusieron, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra las normas contenidas en los artículos 31, 67 y 69 y contra el Grupo XXI del Clasificador de Actividades, todos de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal de Chacao N° 4352, Extraordinario, del 8 de noviembre de 2002. En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se acordó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación. El 12 de noviembre de 2002 los abogados Luciano Lupini Bianchi, Gabriel Ruan Santos y Ana Irene Vidal C., actuando en nombre propio, presentaron escrito como terceros coadyuvantes al recurso de nulidad ejercido. En esa misma ocasión, los abogados Humberto Briceño, Pedro Luis Planchart y José Domingo Paoli, con el carácter de apoderados judiciales de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA), ejercieron recurso de nulidad contra el mismo texto normativo, quedando signada la causa bajo el número 02-2820. El 14 de noviembre de 2002 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió, cuanto ha lugar en derecho, el recurso de nulidad ejercido; admitió, en su condición de terceros coadyuvantes, la participación de los abogados Luciano Lupini Bianchi, Gabriel Ruan Santos y Ana Irene Vidal C; ordenó notificar por oficio al Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda, al Fiscal General de la República, y al Síndico Procurador Municipal de Chacao. Asimismo, ordenó emplazar a los interesados mediante cartel para que concurriesen a darse por citados, y visto que la parte recurrente solicitó una medida cautelar innominada conforme lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, ordenó remitir las actuaciones a esta Sala para la decisión correspondiente, una vez que constase en autos haberse efectuado las notificaciones pertinentes, para luego, ya devueltas las actuaciones, proceder a publicar el cartel de emplazamiento. El 27 de noviembre de 2002 el Juzgado de Sustanciación admitió, cuanto ha lugar en derecho, el recurso de nulidad planteado por los apoderados judiciales de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA). El 28 de noviembre de 2002 los abogados Alberto Parra-Febres y José Rafael Belisario Rincón, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad civil Benson, Pérez Matos, Antakly & Watts, inscrita en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del entonces Departamento Libertador (hoy Municipio Libertador del Distrito Metropolitano), el 13 de enero de 1967, bajo el N° 10, Folio 28, Tomo 1, Protocolo Primero, presentaron escrito como terceros coadyuvantes al recurso de nulidad ejercido. El 19 de diciembre de 2002 los abogados Alberto Blanco-Uribe Quintero y Rosalía Aurora Medina Naranjo, en su carácter de apoderados judiciales de la Compañía Venezolana de Inspección, S.A. (COVEIN), constituida ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 16 de diciembre de 1963, bajo el N° 48, Tomo 36-A, presentaron escrito como terceros coadyuvantes al recurso de nulidad interpuesto. El 19 de febrero de 2003 se recibió el expediente en esta Sala Constitucional. El 20 de marzo de 2003 el abogado Guillermo de la Rosa Stolk, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad civil Torres, Plaz & Araujo, inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda bajo el N° 32, Tomo 13, Protocolo Primero, el 13 de diciembre de 1982, presentó escrito como tercero coadyuvante al recurso de nulidad ejercido. En esa misma ocasión, siendo que la Ordenanza impugnada fue reformada conforme se evidencia de la Gaceta Municipal N° 4352, Extraordinario, y que las modificaciones que sufrieron las normas impugnadas no fueron sustanciales, el abogado Rodolfo Plaz Abreu, con el carácter acreditado en autos, solicitó que los efectos tanto del pronunciamiento de la medida cautelar innominada como de la sentencia definitiva se extendiesen a la Reforma de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal indicada. El 3 de abril de 2003 los abogados Antonio Canova y Erick Boscán Arrieta, en su carácter de apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Miranda, solicitaron la acumulación de la causa contenida en el expediente N° 02-2820 a la contenida en el expediente número 02-2634, por tratarse de dos recursos de nulidad ejercidos contra el mismo instrumento normativo. El 5 de junio de 2003 los abogados Ramón J. Alvins Santi y Luis Ernesto Andueza Galeno, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad civil Despacho de abogados miembros de Macleod Dixon S.C., registrada, el 4 de junio de 1997, ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Chacao, Estado Miranda, bajo el N° 12, Tomo 19, Protocolo Primero, presentaron escrito como terceros coadyuvantes al recurso de nulidad ejercido. El 15 de julio de 2003 esta Sala admitió a las sociedades civiles “Benson, Pérez Matos, Antalky & Watts”, “Torres, Plaz & Araujo”, “Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C.” y a la “Compañía Venezolana de Inspección, S.A. (COVEIN)”, como coadyuvantes al recurso de nulidad; declaró reeditadas las normas contenidas en los artículos 31, 67, 69 y el Grupo XXI del Clasificador de Actividades de la Ordenanza N° 004-02 sobre actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, de 30 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Municipal N° 4255, Extraordinario, en la Reforma de la Ordenanza en referencia, publicada en la Gaceta Municipal de Chacao N° 4352, Extraordinario, del 8 de noviembre de 2002; ordenó la tramitación de la causa como un asunto de mero derecho y de urgente decisión; la acumulación de la causa contenida en el expediente N° 02-2820 a la contenida en el expediente N° 02-2634; con lugar la petición de que los informes se presentasen de forma oral, y con lugar la medida cautelar innominada solicitada. Pasado el expediente al Juzgado de Sustanciación, el 23 de septiembre de 2003, fue consignado a los autos el cartel de emplazamiento a que hace referencia el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. El 3 de octubre de 2003, la Sala fijó para el 14 del mismo mes y año el acto de informes. El 9 de octubre de 2003 la Asociación Civil de Concesionarios del Mercado de Chacao (ASOCONMERCHAS) solicitó que fuera aceptada como tercero interesado en el juicio de nulidad. El 14 de octubre de 2003 la Sala negó la participación de la Asociación Civil de Concesionarios del Mercado de Chacao en el recurso de nulidad ejercido contra la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal de Chacao N° 4352, Extraordinario, del 8 de noviembre de 2002. En esa misma ocasión se llevó a cabo el acto de informes con la presencia de todas las partes. El 5 de noviembre de 2003 se dijo “visto” en la causa. El 9 de septiembre, el 14 de octubre y el 25 de noviembre de 2004, las partes diligenciaron solicitando decisión. El 26 de enero de 2005 la representación del Instituto Médico Veterinario El Ávila, visto el acto administrativo alfanumérico DAT/DF-GSF-AP-770 del 26 de julio de 2004, dictado por la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda, solicitó que se estableciera “(…) si la medida cautelar dictada en este proceso de nulidad alcanza únicamente a los demandantes y cual es el efecto de cualquier procedimiento que inicie la Administración Municipal, en contra de otros profesionales que en o desde el Municipio Chacao, ejerzan exclusivamente su profesión, mientras dure el tramite (sic) del presente juicio y en tal sentido notifique a la autoridad subordinada a la medida dictada”. El 15 de junio de 2005 la representación del Municipio Chacao del Estado Miranda consignó escrito en el cual hizo énfasis en la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y afirmó que el artículo 207 eiusdem desarrollaba en el mismo sentido que lo hizo la Ordenanza impugnada el artículo 179 constitucional. El 23 de noviembre de 2005 la representación de Compañía Venezolana de Inspección S.A. (COVEIN) solicitó pronunciamiento. El 9 de febrero de 2006 el abogado Rodolfo Plaz Abreu consignó escrito en el cual indicó que la Ordenanza impugnada fue reformada el 15 de diciembre de 2005, según Gaceta Municipal Extraordinaria N° 6008 de la misma data. Asimismo, afirmó que las normas originalmente impugnadas, contenidas en los artículos 31, 67 y 69 de dicha Ordenanza, encontraban correspondencia en los artículos 30, 66 y 68 del texto reformado, por lo que solicitó que se declarara la reedición de tales normas y que el análisis cognitivo se efectuara sobre los últimos preceptos. El 21 de marzo de 2006 los apoderados judiciales de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoria (CEVA) presentaron escrito en el cual solicitaron la ejecución de la sentencia cautelar y la ampliación de los efectos del fallo definitivo a la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao publicada el 15 de diciembre de 2005 en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008. Efectuada la lectura individual del expediente esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones: I Alegato de la parte recurrente Fundamentos del recurso de nulidad interpuesto por los abogados Humberto Bauder F., Rodolfo Plaz Abreu, Juan Manuel Vaamonde, Álvaro González Ravelo, Emilio Pittier Octavio, Félix Hernández Richards, Xavier Escalante Elguezabal y Andrés Halvorssen. Alegan los recurrentes que el artículo 1 de la Ordenanza impugnada creó, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 179, numeral 2 del Texto Fundamental, un impuesto sobre las actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, que se realizan en o desde la jurisdicción del Municipio Chacao. Que conforme al artículo 29 de dicha Ordenanza, una actividad económica se entiende ejercida en tal Municipio cuando se lleve a cabo mediante un establecimiento permanente o base fija ubicada en su territorio, asumiendo por base fija aquel lugar regularmente disponible para ejecutar servicios profesionales por parte de los sujetos pasivos del impuesto. Que conforme con lo dispuesto en su artículo 2, debe reputarse por actividad económica toda actividad que suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de éstos, para intervenir en la producción de bienes o servicios, conceptualizando dicha Ordenanza por actividad de servicios toda actividad dirigida a satisfacer las necesidades o conveniencias de los consumidores o usurarios por medio de una prestación de hacer a cambio de una contraprestación. Expresan que, conforme lo estatuido en el artículo 67 de la Ordenanza impugnada, el Municipio Chacao del Estado Miranda pretende gravar los servicios profesionales al establecer en dicha norma una rebaja para el ejercicio de actividades profesionales en forma individual. Que, inclusive, la pretensión de pechar la actividad de los profesionales que ejercen profesiones acreditadas por un título de educación superior, y en este caso específico, de los profesionales del derecho, se hace aún más patente en el Grupo XXI de su Clasificador de Actividades, denominado “Actividades de Servicio Profesionales”, donde se describe a los servicios profesionales como toda actividad constituida, en esencia, por la prestación de servicios por personas naturales en áreas para las cuales se encuentran acreditadas por un título de educación superior. Refieren que la indicada Ordenanza establece la obligación de obtener una licencia o autorización por cada local o establecimiento para poder prestar los servicios profesionales desde o en la jurisdicción del Municipio Chacao (artículo 3), sin que la misma, según lo dispuesto en su artículo 5, autorizase al interesado a iniciar actividades o eximiese al infractor de las sanciones dispuestas en su normativa. En este aspecto, destacan la sanción contenida en el artículo 102, según la cual, a quien ejerza las actividades económicas sin obtener la licencia en referencia será sancionado con multa que oscilará entre cien (100) y doscientas (200) unidades tributarias, y el cierre inmediato del establecimiento hasta tanto la obtenga, así como el hecho de que la licencia en cuestión sólo autoriza la actividad dentro de un horario establecido, y que de excederse en el mismo se incurre en infracción administrativa. Con respecto a la constitucionalidad de los preceptos referidos, los recurrentes, en primer término, aducen que transgreden la norma contenida en el artículo 105 constitucional que reserva al Poder Nacional la regulación y disciplina de las profesiones que requieren título. En tal sentido, expresan que el Grupo XXI del Clasificador de Actividades de la Ordenanza impugnada, al comprender a los profesionales del Derecho como sujetos pasivos del impuesto y al imponerles la obligación de obtener una licencia y prestar sus servicios profesionales dentro de un horario, viola la norma constitucional en referencia puesto que, según el texto de la misma, sólo al Poder Público nacional le corresponde la legislación relacionada con las profesiones que requieran título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Que, conforme a la disposición transitoria décimo quinta, hasta tanto se apruebe la legislación a que se refiere el artículo constitucional alegado, debe mantenerse en vigencia el ordenamiento jurídico aplicable antes de la aprobación del Texto Fundamental, por lo cual sólo al Poder Nacional, a través de la Asamblea Nacional y mediante leyes formales, le es dable modificar el ordenamiento jurídico aplicable a las distintas actividades de servicios profesionales. Afirman que la obtención de un título es un requisito establecido por diversas leyes para el ejercicio de las indicadas actividades, entre las cuales incluyen el ejercicio profesional del derecho. Que, en general, las leyes sobre profesionales establecen requisitos y condiciones para su ejercicio como la obtención de un título de educación superior en la profesión que se tratase; la protocolización del título ante el Registro correspondiente; y la inscripción del título en el ente u órgano asignado, generalmente, en el colegio profesional, por lo cual, en su criterio, una vez cumplidos estos requisitos el profesional quedaba plenamente autorizado para ejercer legalmente su profesión en todo el territorio de la República. Por tanto, siendo que en su criterio le corresponde al Poder Nacional regular las actividades de servicios profesionales, lo que de suyo implica la determinación de los supuestos de ejercicio ilegal de la profesión, y siendo que en ninguna de las leyes a las cuales hacen referencia se menciona entre tales requisitos la obtención de licencias municipales, estiman que la Ordenanza impugnada, específicamente el Grupo XXI de su Clasificador de actividades, incurre en usurpación de las funciones del Poder Nacional establecidas en los artículos 105 y 156 de la Constitución, en concordancia con la disposición transitoria decimoquinta, lo cual la vicia de nulidad por violación de los artículos 25 y 138 del Texto Fundamental y 19 ordinales 1° y 4° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Asimismo, le imputan a la Ordenanza recurrida la transgresión del principio de legalidad tributaria contenido en la Carta Magna. En este aspecto, refieren que la autonomía municipal no es una posibilidad infinita de actuación por parte del poder local, sino que es un concepto bien definido por el propio Texto Fundamental y sometido a las limitaciones implícitas y explícitas establecidas por este. Que en la Constitución la autonomía municipal está sujeta a esta y a la ley, poseyendo unas manifestaciones específicas conforme lo contenido en su artículo 168; a saber: autonomía política, autonomía normativa, autonomía financiera, autonomía administrativa y personalidad jurídica. Con respecto a la autonomía financiera indican que, bajo el régimen instaurado con el nuevo orden constitucional, los ingresos tributarios del municipio tienen un carácter originario, es decir, atribuidos directamente por el Texto Constitucional. Que, según el principio de legalidad, la imposición municipal requiere de normas dictadas por el Concejo Municipal ajustadas no sólo al entramado normativo de la Constitución referido al sistema tributario (artículos 316 y 317), sino también a las que efectúan el reparto de potestades tributarias entre la República, los Estados y los Municipios, de lo que deducen los recurrentes que la autonomía tributaria debe ser ejercida por los municipios con sujeción a las limitaciones que estatuye tanto la Carta Magna como las leyes, criterio que, expresan, ha sido recogido por esta Sala en la sentencia N° 670 del 6 de julio de 2000. Alegan que, en el caso concreto, el legislador del Municipio Chacao, al desarrollar la competencia atribuida por la Constitución en materia de Impuesto sobre Actividades Económicas, interpretó erróneamente el alcance de la potestad asignada en esa materia, ya que, contrariamente a lo que se derivaba de las normas impugnadas, los entes locales no pueden gravar la actividad profesional desplegada por los abogados. En su criterio el Municipio Chacao, al dictar la Ordenanza recurrida, pareció entender que dentro del concepto “servicios” al cual alude el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, pueden encuadrarse las actividades profesionales y, concretamente, las desarrolladas por los abogados, lo que implica una equivocación de dicho ente, ya que existen actividades económicas que, independientemente de la forma a través de las cuales se ejercen, jamás poseerán el carácter comercial, mencionando entre ellas las que tienen un alto nivel intelectual como lo son las profesiones liberales. En este orden de ideas, aducen que es tradición considerar que el ejercicio de las profesiones no constituye un acto de comercio, pues quien la ejerce obtiene honorarios y no beneficios, lo cual justifica que las leyes que regulan tales actividades en algunas ocasiones declaren que el ejercicio de determinadas profesiones no tienen carácter mercantil. Que, en efecto, en el caso de los profesionales del Derecho, la Ley de Abogados indica (artículo 2) que no puede considerarse dicha profesión como comercio o industria, y que, en tal virtud, no debe ser gravado con impuestos de esa naturaleza. Que, inclusive, el carácter no mercantil de la actividad del abogado llega a tal extremo que el legislador prohibió que los despachos de abogados usen denominaciones comerciales y que en los mismos se realicen actividades de ese mismo carácter que puedan crear confusiones en cuanto al ejercicio profesional. Señalan que la confusión en la cual pudo haber incurrido el legislador municipal se debe al hecho de que el Constituyente de 1999 efectuó una modificación de la denominación del tributo municipal que grava las actividades comerciales, llamándolo impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, modificación que, afirman, fue interpretada por dicho Municipio como una ampliación de tal potestad que le permite la inclusión de la actividad de los abogados bajo el rubro “servicios”, cuando, por el contrario, se mantiene la imposibilidad de los municipios para someterla a imposición, expresando, luego de hacer referencia a algunos criterios doctrinales y jurisprudenciales, que es incorrecto efectuar una interpretación de la Constitución tomando en cuenta una o en el mejor de los casos dos o tres disposiciones concatenadas aisladamente, dejando de un lado el resto del sistema normativo constitucional. Acotan que desde 1894 el Poder Público nacional ha querido excluir la profesión del abogado de la imposición de las actividades lucrativas que corresponde a los entes municipales, al punto que la Constitución atribuye expresamente a ese Poder la regulación de tal actividad en vista de la importancia que las profesiones liberales tienen para la colectividad y el interés público, tal como se desprende, a su decir, del artículo 105 constitucional. Que hay que tomar en cuenta que, por su propia esencia, más allá de la declaratoria expresa que haga la Ley de Abogados, la actividad desarrollada por el profesional del Derecho carece de todo viso comercial o industrial, e incluso, desde un punto de vista más amplio, mercantil, en razón de que el ejercicio de la profesión es una tarea eminentemente intelectual que amerita un constante estudio de la disciplina y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Para afianzar lo expuesto señalan, con base en una sentencia dictada, el 31 de enero de 1985, por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, que la denominación de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios y de índole similar debe interpretarse en su justo contexto, lo cual lleva a tener en cuenta que la intención del Constituyente fue gravar las actividades lucrativas de naturaleza mercantil, y no otras que carecen de ese carácter como lo son las profesiones liberales. Por tanto, afirman que cuando el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución se refiere al vocablo “servicios” para caracterizar el tributo, debe concluirse que se trata de aquellos servicios que poseen naturaleza eminentemente mercantil, como es el caso, ilustran, de las empresas que prestan transporte o realizan intermediación financiera, entre otras, que son calificadas por el Código de Comercio como comerciales, por lo que solicitan que se declare la nulidad por razones de inconstitucionalidad de las normas contenidas en los artículos 2, Parágrafo Único, numeral 5, 31 y 67 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao, así como el Grupo XXI de su Clasificador de Actividades. Para el supuesto de que fueran desechados los argumentos expuestos, refieren que la Constitución estatuye un régimen transitorio con el objeto de asegurar, entre otras cosas, la vigencia de algunas de las normas del texto constitucional de 1961 hasta tanto se dictaran las nuevas regulaciones. Que, dentro del régimen de disposiciones transitorias concebidas para asegurar la supervivencia del régimen basado originariamente en el texto constitucional anterior, se encuentra la disposición transitoria décimo cuarta. En este sentido, aducen que la indicada norma constitucional establece de forma expresa la vigencia de las ordenanzas y demás instrumentos normativos de los municipios dictados conforme al régimen dispuesto en la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de lo cual se debe deducir, en su criterio, que existe una prohibición constitucional implícita para los municipios de dictar nuevas ordenanzas e instrumentos normativos relativos a las materias de su competencia y al ámbito fiscal propio. Expresan que tal requerimiento atiende, en primer término, al mandato constitucional contenido en el numeral 7 de la disposición transitoria cuarta, y, en segundo término, a la distribución territorial del Poder Público y a la necesaria armonización del poder tributario. Que la vigencia del régimen jurídico anterior es un imperativo constitucional de carácter temporal mientras se dictan las leyes que desarrollarán los nuevos postulados, impidiendo a los municipios la aplicación de las competencias y potestades del nuevo régimen constitucional, pues el Constituyente estableció, conforme las normas contenidas en los artículos 156, numeral 13 y 169 constitucionales, una remisión a las leyes que debe dictar el Poder Público nacional y estadal para el desarrollo de los principios constitucionales en materia de régimen municipal, con la posibilidad, incluso, de establecer distintas opciones o regímenes para las materias de su competencia y ámbito fiscal propio, dada la diversidad de condiciones y factores que le son atribuibles a cada municipio. Con base en lo anterior, denunciaron la inconstitucionalidad de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, por violación directa de la disposición transitoria décimo cuarta de la Constitución de 1999, alegatos que fueron reproducidos en el escrito de informes con algunas consideraciones adicionales acerca de la decisión dictada por esta Sala, el 12 de diciembre de 2002, y con algunas citas de la intervención de varios constituyentes cuando se discutió el precepto constitucional actualmente contenido en el artículo 179. Fundamento del recurso interpuesto por los abogados Humberto Briceño, Pedro Luis Planchart y José Domingo Paoli, con el carácter de apoderados judiciales de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA). Indican los recurrentes que la reserva constitucional del Poder Público nacional, que excluye a los poderes tributarios municipales, tiene su fundamento en la propia Constitución al definir a Venezuela como un Estado Federal, pues, tal esquema implica un sistema de relaciones de entes territoriales verticales donde se mantiene la “supremacía” del Poder Público nacional sobres los otros entes territoriales, estructurándose un esquema de distribución de competencias entre los distintos niveles político-territoriales, limitados por los criterios impuestos por el mismo texto fundamental. En ese entendido, aducen que la autonomía municipal debe entenderse como la facultad y actitud reconocida por el Poder Constituyente a los entes públicos territoriales para autodeterminarse dentro de la esfera competencial señalada por la Constitución y desarrollada por la legislación; es decir, que la estructura constitucional permite a las entidades municipales gravar las actividades comerciales que se desarrollen en sus territorios a través del impuesto de industria, comercio, servicio o de índole similar, pero teniendo siempre en consideración las limitaciones que la Constitución y la ley establecen. Que tal como se desprende de los artículos 168 y 179 constitucional, los municipios gozan de plena autonomía en cuanto a las materias que son de su competencia y, en consecuencia, puede sostenerse que la autonomía constituye una característica esencial del municipio como nivel político territorial; pero que tal autonomía debe adecuarse a las restricciones que la Constitución y las leyes impongan en aras de preservar la división territorial y los principios contenidos en el texto fundamental. Con relación a las profesiones liberales expresan que la Carta Magna, siguiendo el esquema de la Constitución de 1961, incluye el régimen de las profesiones dentro de la reserva exclusiva del Poder Legislativo nacional, ello, afirman, para evitar el tratamiento discriminatorio y heterogéneo, territorialmente considerado, que pudiese presentarse si distintos entes políticos pudiesen regular el ejercicio profesional. En tal sentido, expresan que las leyes del ejercicio profesional definen exclusivamente cuáles son los requisitos y procedimientos que deben seguirse para ejercer la profesión dentro del territorio nacional, acotando que ninguna de las leyes sobre profesiones dispone la expedición de licencias municipales como requisito para ejercerlas. Sostienen que la intención constitucional y de las leyes que regulan el ejercicio de profesiones es el de mantener una uniformidad en el desarrollo de esas actividades profesionales a lo largo del territorio nacional; de lo contrario, sostienen, no se entendería por qué las legislaciones especiales que regulan las distintas profesiones que la Ordenanza que se cuestiona pretende gravar, hagan énfasis en el carácter nacional de las leyes que regulan su ejercicio, o por qué algunas de esas leyes hacen especial mención de que se excluya tales profesiones de los gravámenes tradicionalmente conocidos como impuesto de industria y comercio. Que a pesar de ser ello así, la ordenanza impugnada, aplicable a los profesionales de acuerdo al grupo XXI del Clasificador de actividades, dispone, entre otras condiciones, la obligatoria obtención de una licencia de actividades económicas para el ejercicio de actividades profesionales en el Municipio Chacao y el ejercicio de la actividad profesional dentro de un horario, obviando, a su entender: la “supremacía” del poder nacional sobre los demás poderes territoriales; la reserva legal a favor del Poder nacional para aquellas materias relativas a derechos, deberes y garantías; que las profesiones liberales son una manifestación del artículo 105 constitucional, por lo que la determinación de los requisitos, condiciones y sanciones para el ejercicio profesional es materia de reserva legal; y que las leyes especiales que rigen esa materia declaran el carácter no mercantil de tal actividad. Para los recurrentes ningún otro órgano del Estado, funcional o territorialmente considerado, a excepción del órgano legislativo nacional, puede regular o restringir las actividades profesionales. En su criterio, el Poder Legislativo nacional es el único órgano facultado por la Constitución para limitar, regular, modificar o restringir las actividades profesionales, de modo que ninguna norma de rango “sublegal” puede alterar o limitar de forma alguna el ejercicio profesional a aquellas personas que deseen ejercer su profesión en un municipio, resultando así inconstitucionales las condiciones que la ordenanza impugnada establece para el ejercicio de las actividades en el Municipio Chacao, por contradecir lo dispuesto en los artículos 105 y 156, numeral 32 de la Constitución. Indican que conforme lo preceptuado en el artículo 180 de la Constitución, la potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma a las potestad tributaria nacional, consolidándose el principio de la imposibilidad de coexistencia de las potestades tributarias municipales con aquellas reservadas al Poder nacional, de manera que, en su criterio, la actividad tributaria nacional, cuyo establecimiento es una potestad exclusivamente reservada al legislador, no puede ser alterada por el establecimiento de tributos municipales por ser aquélla completamente autónoma y distinta. Que de aceptarse que entre ambos poderes se perturbe, intervenga o altere significativamente las potestades tributarias nacionales dejarían de ser autónomas y distintas entre sí como lo establece el artículo comentado. En desarrollo de esta idea refieren que cuando el poder municipal usa a las leyes nacionales para la determinación del sujeto pasivo del tributo, acepta que el Poder Legislativo nacional puede, a través de su actividad legislativa, contribuir a la determinación del sujeto pasivo del tributo municipal, borrando esa distinción y autonomía que dispone el Constituyente entre ambos poderes tributarios territoriales. Para los recurrentes “(...) el Poder Legislativo Nacional según la Ordenanza, es usado (...) para la determinación del sujeto pasivo del impuesto impugnado, toda vez que según la norma municipal, ‘profesional’ es aquel que ostente título universitario calificado por la Ley Orgánica de Educación. Es decir, el Legislador Nacional podría incluir o excluir del tributo municipal en cuestión según permita o no la emisión del título universitario para algún tipo de actividad profesional. ¿Cómo podría entonces hablarse de potestades distintas y autónomas sí (sic) la determinación del sujeto pasivo del tributo se mezclan potestades nacionales y municipales por efecto de la remisión acordada por la Ordenanza denunciada”. Insistiendo en ese argumento arguyen que, según la Ordenanza impugnada, la actividad es gravada por derivación de la calificación que la Ley Orgánica de Educación ha formulado, no por la actividad profesional sustantivamente considerada en sí misma. A su decir, actividades profesionales que no estén calificada como tales por la Ley Orgánica de Educación no resultarían gravables por el impuesto municipal, lo que demuestra que, aun cuando puedan ser sustantivamente consideradas como actividades profesionales, por efecto de la norma de la Ordenanza impugnada que deja al Legislador nacional la calificación profesional, estarían excluidas del gravamen municipal. Por ello se preguntan los recurrentes ¿cómo determinará la Administración municipal los títulos de educación superior calificados por la Ley Orgánica de Educación, cuando dicha ley remite a una ley especial que no ha sido dictada? En su criterio, la ordenanza incurre en un vicio gravísimo que debe sancionarse con la nulidad de la misma ya que su aplicación depende del legislador nacional, colocando a los administrados en una situación de inseguridad jurídica que violenta el principio recogido en la Carta Magna relativo a esa materia. Refieren que la ordenanza impugnada desacató la jurisprudencia vinculante que estableció la tesis de la exclusión del poder tributario municipal frente a la reserva del poder nacional, en los fallos del 6 de julio de 2000 (caso: Cervecería Polar del Centro), 10 de octubre de 2000 (caso: Fiscal General de la República), 29 de noviembre de 2000 y 28 de marzo de 2001 (caso: CANTV). Aducen que, dado el carácter vinculante de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, no hay espacio para la discusión sobre la exclusión del Poder Público municipal, siendo innecesario un debate procesal para corroborar aquello que la misma Sala ha confirmado y establecido como doctrina obligante para el sistema jurídico venezolano, de forma que, constitucionalmente, afirman, hay materias que no pueden atribuirse a los Municipios ni a los Estados porque el propio Constituyente ha reservado la determinación del régimen general de los profesionales, incluido el tributario, al legislador nacional. En otro orden de ideas sostienen que la indicada ordenanza, desconociendo una larga tradición histórica recogida constitucional y legislativamente, pretende gravar las actividades profesionales a través de una interpretación aislada de la palabra “servicios” en el contexto del numeral 2 del artículo 179 de la Constitución. Que si se hace un estudio histórico del tratamiento legislativo y doctrinario de las llamadas profesiones liberales, hayan estado o no regidas por ley especial de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación, se denota que siempre el legislador y la doctrina, independientemente de que los profesionales trabajen individual o a través de sociedades, las han excluido de todo tratamiento como actividad comercial y de la aplicación de impuestos distintos a los nacionales, como lo son el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, excluyéndose, incluso, por leyes especiales, la posibilidad de que esas actividades sean gravadas con impuestos similares a las patentes industriales o comerciales. Expresan que el legislador, al igual que el Constituyente de 1999, pretendió, por distintas razones históricas, dar una consideración especial a las llamadas profesiones liberales por el tipo de actividad y de servicios que a través de ellas se da. Por eso, la Constitución de 1999, en su artículo 105, reproduciendo el texto del artículo 82 de la abrogada Constitución de 1961, reserva al Poder Público nacional la legislación de las profesiones liberales y las condiciones bajo las cuales han de ejercerse. A su decir, el Constituyente de 1999 reafirmó el concepto de que las profesiones liberales, por la importancia histórica que se les ha dado, solo pueden ser reguladas por la legislación nacional, legislación que, puntualizan, ordena que su ejercicio no se trate como actividad comercial, por lo que no pueden ser pechados con impuestos similares con los que se gravan la actividad comercial. En criterio de los recurrentes la redacción del artículo 105 de la Constitución y la disposición transitoria décimo quinta, entre otras, obedece a las ideas que han expresado, de manera que el vocablo “servicios” contenido en el numeral 2 del artículo 179 no alude a los profesionales liberales como lo interpreta la ordenanza impugnada; por el contrario, el indicado artículo regula impuestos que participan de la misma naturaleza al llamado impuesto de patente de industria y comercio, los cuales, insisten, no pueden ser aplicados a las profesiones liberales reguladas por las respectivas leyes especiales. Que si bien la Constitución utiliza el término “servicio”, el mismo hay que comprenderlo dentro del contexto en que se ubica, cual es el de la regulación del impuesto similar al de los impuestos sólo aplicables a las industrias, a los comercios y a servicios asimilables a estos. A su decir, “[l]a palabra servicios se incluye para abarcar actividades que si bien no están definidas necesariamente como actos objetivos de comercio, sin embargo, por el desarrollo doctrinal y jurisprudencial puedan ser consideradas como actos comerciales con arreglo al concepto de los llamados actos subjetivos de comercio, concepto que por razones históricas y por los propios textos legislativos no se extiende a las profesiones liberales”. Esgrimen, luego de hacer una referencia doctrinal y al texto del artículo 12 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría, que de una interpretación histórica, sistemática y teleológica de las normas legales vigentes que regulan el ejercicio de profesiones liberales y de los dispositivos constitucionales involucrados, en especial el artículo 105 y la Disposición Transitoria Décimo Quinta, se debe concluir que la intención tanto del Constituyente como del legislador ordinario fue darle un tratamiento especial a esas profesiones a través de leyes de carácter nacional, resaltando el carácter civil de tales actividades con el objeto, entre otros, de excluirlas de gravámenes similares al impuesto de industria y comercio. Para los recurrentes no es casual la utilización de la palabra ordenamiento y su referencia al artículo 105 de la Constitución. Expresan que el espíritu del Constituyente es el de reservarse la regulación del ordenamiento de los servicios profesionales (tal como se ha hecho, a su decir, históricamente), con arreglo a los principios generales recogidos doctrinal y jurisprudencialmente, como con apego a disposiciones legales que expresamente han reiterado la constitucional exclusión de las profesiones de gravámenes o impuestos distintos de aquellos de origen nacional. Asimismo, le imputan los recurrentes a la ordenanza impugnada transgredir las normas constitucionales contenidas en el artículo 156, numerales 12 y 13 y la Disposición Transitoria Décimo Cuarta de la Constitución. En tal sentido, indican que al no haberse dictado la legislación marco en materia tributaria municipal, la municipalidad de Chacao no podía alterar el régimen jurídico tributario existente, hasta tanto se cumpliese con la disposición transitoria señalada, sin olvidar que en ningún caso puede gravar a las profesiones liberales. Afirman que la intención clara del Constituyente fue la de velar porque en materia tributaria exista un marco macro determinado por una ley nacional, tanto en las materias tributarias que son de la exclusiva competencia del Poder Público nacional, como en aquellas que el Constituyente ordena al legislador nacional regular para los municipios. A su entender, la disposición transitoria decimocuarta es diáfana: la legislación tributaria municipal no puede ser alterada bajo ningún respecto hasta tanto se sancione la legislación marco, legislación que, por demás, tampoco podrá atribuir poderes tributarios a las municipalidades en materias que constitucionalmente corresponden exclusivamente al Poder Público nacional. Indican que la razón para la búsqueda de la armonización es clara, en su criterio, el Poder Constituyente reconoció, en unos casos, poderes exclusivos al Poder Público nacional; en otros, autonomía a otros poderes político-territoriales. Sin embargo, es necesario que exista armonía para evitar supuestos que impliquen doble tributación o situaciones discriminatorias de unas actividades frente a otras que puedan hacer excesivamente oneroso el ejercicio de una determinada actividad en la jurisdicción de un municipio en particular, lo que justifica por qué el Constituyente estableció en los numerales 12 y 13 del artículo156 de la Constitución la prohibición temporal de que los municipios pudiesen alterar el régimen tributario, incluso en las materias de su competencia, sin que antes fuera dictada esa legislación general marco. A entender de los recurrentes, el Municipio Chacao se excedió en sus poderes constitucionales y legales al establecer condiciones generales para el ejercicio de actividades profesionales e imponer tributos que, por los principios constitucionales citados, corresponde sólo al Poder Público nacional, lo que la hace expresamente inconstitucional. II Argumentos de los terceros coadyuvantes a) De los abogados Luciano Lupini Bianchi, Gabriel Ruan Santos y Ana Irene Vidal C.- En su escrito de conclusiones los indicados abogados refieren que, los representantes judiciales del Municipio Chacao del Estado Miranda abordan el tema de los impuestos municipales sobre las actividades económicas con total prescidencia de su ubicación en el sistema tributario diseñado por la Constitución de 1999, aislándolo de la red normativa de dicho sistema e interpretan su alcance en forma acomodaticia y conveniente para los intereses que defienden. Indican que la Constitución contiene un diseño básico de sistema tributario que se manifiesta en varios de los títulos y capítulos integrantes de su texto y no solamente en la pequeña sección del sistema tributario donde se indican los fines del sistema y se recoge una disposición del principio de legalidad de los tributos. Que, aunque la Constitución de 1999 no define lo que se entiende por sistema tributario, ha asumido en su red normativa la noción del mismo como cuerpo normativo y mecanismo de unificación de la multiplicidad de tributos creados por los entes pertenecientes a los tres niveles de gobierno, que pesan sobre los mismos contribuyentes para evitar duplicaciones, distorsiones, ineficiencia e injusticias en el reparto de las cargas fiscales. Refieren que la estructura de esa red normativa enlaza al conjunto de los tributos y a los ingresos tributarios con las funciones de cada nivel de gobierno, y establece correspondencia entre los ingresos y los gastos públicos o entre los ingresos y las exigencias prestacionales que están llamados a satisfacer, con lo cual se sigue el esquema funcional y multijurisdiccional de los ingresos públicos propuesto por la doctrina del federalismo fiscal, correspondiéndole al Poder Constituyente, dentro de ese esquema, asignar directamente las fuentes tributarias o delegar en el Poder Público nacional la distribución ulterior de las fuentes, en ejercicio del poder tributario residual reservado al dominio de ese nivel de gobierno. Que en tal sentido, el artículo 179 le asigna directamente a los municipios múltiples fuentes tributarias junto a otros ingresos no tributarios, asegurando la suficiencia financiera del nivel de gobierno local, mientras que se dejó al legislador nacional garantizar la distribución ulterior de las fuentes respecto de los Estados. Con referencia al marco constitucional analizado arguyen que se debe interpretar el alcance del hecho imponible de los impuestos municipales sobre las actividades económicas con la finalidad de resguardar los objetivos del sistema tributario. Que para prevenir el retardo que podría sufrir esa legislación nacional, la Disposición Transitoria Decimocuarta preserva el ámbito fiscal propio que los municipios tenían atribuidos por la Constitución de 1961 y por las leyes dictadas conforme a esta, hasta que se dicte la nueva legislación sobre el régimen municipal que, entre otros aspectos, debe atender a la función de coordinación tributaria en el nivel nacional. Con respecto al numeral 2 del artículo 179 de la Constitución indican que dicha redacción, presente en antaño en las ordenanzas municipales, está destinada a expandir al máximo que permita la semántica y los límites constitucionales la pauta interpretativa establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual las actividades comerciales e industriales gravadas con la patente municipal debían entenderse en su cabal acepción económica, es decir, según el significado de los vocablos industria y comercio en la ciencia económica, los cuales comprenden modernamente los servicios industriales y comerciales. La expresión “índole similar” denota la extensión de los conceptos económicos utilizados, calificados por su carácter industrial o comercial, por lo que en sana lógica jurídica no pueden referirse a cualquier actividad calificable como servicio por la prevalencia de la prestación de hacer, como las actividades profesionales civiles o las actividades sin fines de lucro, porque se hubiera desbordado la limitación de la asignación de las fuentes de ingresos. En otro orden de ideas refieren que según la perspectiva del sistema tributario, los tributos municipales y estadales son de asignación específica por virtud de la Constitución o de la ley nacional, lo que implica, por exigencia del sistema, que la extensión de las asignaciones respectiva debe ser concebida con precisión para evitar la invasión de los dominios fiscales de otros entes territoriales. Por consiguiente, no se trata de asignaciones ilimitadas por materia sino de figuras tributarias o hechos imponibles limitados, de lo que se deduce que todo hecho o actividad susceptible de ser gravados debe encuadrar positivamente en el supuesto de hecho imponible. Para los terceros la no gravabilidad de los servicios profesionales civiles con el impuesto sobre las actividades económicas no significa un beneficio otorgado a los prestadores de tales servicios, sino una decisión política del Constituyente referente al reparto ordenado de las fuentes tributarias de ingreso público entre los tres niveles de gobierno, ya que la fuente de imposición que representan los ingresos profesionales es gravada por el Poder Público nacional a través del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, siendo que, a su decir, desde hace mucho tiempo dicho Poder se ha reservado la imposición de las llamadas rentas del trabajo, que son las producidas por la labor de las personas en relación de dependencia o de independencia, esto es, sueldos, salarios y honorarios por servicios profesionales, sin que los municipios hubiesen pretendido nunca gravarlas. De lo expuesto deducen que es totalmente irrelevante invocar la capacidad tributaria de los profesionales universitarios como justificación para su gravamen con el impuesto municipal sobre las actividades económicas, porque esa capacidad no ha sido omitida por el Poder Público nacional, que la grava plenamente con los impuestos generales mencionados, permitiéndole captar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones propias del nivel central de gobierno. Arguyen que por igual razón es irrelevante invocar la descentralización administrativa del país como justificación para gravar las actividades profesionales civiles con los impuestos municipales, puesto que la descentralización fiscal debe ser compaginada también con los cometidos administrativos asignados a los diferentes niveles de gobierno, correspondiéndole al Poder Público nacional atender ese proceso con los mecanismos que le otorga el sistema financiero público y el sistema tributario, como componente del primero. Que a pesar del esfuerzo distorsionante del significado de las intervenciones de algunos asambleístas, así como también del contenido del informe final de la Comisión sobre la Forma de Estados y Asuntos Municipales y otras Entidades Federales de la Asamblea Nacional Constituyente, es inocultable que el propósito perseguido por los asambleístas era el de cerrar las brechas de la interpretación que en un momento dado pudieran dejar sin efecto las previsiones constitucionales de dotar al Municipio de un sistema financiero y fiscal a tono con las exigencias prestacionales que está llamado a satisfacer, lo que deja entrever, en su criterio, el propósito de hacer una interpretación auténtica del significado del impuesto municipal sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios comercio-industriales, sin alterar su esencia y estructura. Para los terceros muy notoriamente los redactores del artículo 179 perseguían asegurar la inclusión, dentro del hecho imponible del impuesto, de todas las actividades de hidrocarburos y de todas aquellas que implicaran la realización de inversiones, tal como se desprende, a su decir, de las afirmaciones de los asambleístas que intervinieron en su momento, que nunca hicieron referencia a los servicios profesionales civiles. Con respecto a las distintas referencias de Derecho Comparado que realizaron los defensores del acto, esgrimen que cada país ha adoptado un esquema propio de distribución de las fuentes tributarias entre los distintos niveles de gobierno o entidades territoriales, según la conformación del sistema tributario respectivo. Que, en ese sentido, Venezuela ha optado por asignar a los municipios una lista específica de tributos, algunos en modo directo por la Constitución y otros en modo indirecto mediante tributos creados por el legislador nacional o a través de la cesión de un producto, por lo que el diseño de los tributos en cada país no es trasladable automáticamente a otro, sino en la medida que sea compatible con el sistema tributario del país con respecto al cual se pretende el transplante de diseño. Afirman que también es importante tener en consideración las diferentes formas de gobierno existente en los países con el que se pretende comparar. Así, arguyen que Venezuela es un Estado federal descentralizado; la República de Argentina es un estado federal más apegado al esquema Norteamericano; la República de Colombia un Estado unitario descentralizado por Departamentos; y España, una monarquía parlamentaria con gobierno unitario, donde la potestad originaria para establecer los tributos es exclusiva del Estado, que admite la descentralización hacia las comunidades autónomas y las corporaciones locales de acuerdo con la Constitución y las leyes del estado. Con base en lo anterior afirman que es irrelevante el argumento de Derecho Comparado traído a colación por los defensores del acto; no obstante, esgrimen, con respecto a España, que los defensores del acto pretenden identificar el impuesto municipal con el denominado impuesto sobre las actividades económicas, figura creada por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley del Estado Español destinada a proveer de recursos financieros propios a los Municipios de ese país; impuesto que sustituyó, además, a las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas y al Impuesto de Radicación, lo que explica la inclusión en el hecho imponible de ese impuesto español de las actividades profesionales y artísticas, que nunca han sido gravadas con impuestos municipales específicos en Venezuela. Que a lo anterior hay que agregar que el hecho imponible está configurado por actividades empresariales, porque implica la ordenación de recursos que requiere la empresa, motivo por el que incluye a las actividades ganaderas, rasgo que permite distinguir claramente el impuesto municipal venezolano de este impuesto español, porque la figura nacional nunca ha tenido un alcance universal basado en la organización económica, ni ha incluido jamás las actividades del campo dentro del hecho imponible. En lo que atañe a la Argentina indican que se pretende asimilar el impuesto bajo análisis con el denominado Impuesto a las Actividades Lucrativas, hoy denominado Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objeto de incluir las actividades profesionales independientes entre las actividades gravadas con el impuesto venezolano, como ocurre con el impuesto argentino. Que con la argumentación expuesta por los defensores del acto en este sentido, se pretende ocultar las diferencias radicales entre los impuestos comparados. En primer lugar, refieren que el impuesto argentino es una fuente de tributación asignada a las provincias argentinas, es decir, al gobierno regional o intermedio, por tratarse de una fuente de ingresos públicos más cercana a las exigencias prestacionales del nivel regional que del nivel local. Por otro lado, advierten que este tributo posee una vocación más general que el impuesto municipal venezolano, porque se trata de financiar con ese impuesto al nivel de gobierno más significativo en un Estado Federal genuino, como es el de los Estados miembros, mientras que en Venezuela el impuesto sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios comercio-industriales, busca financiar al nivel de menor extensión geográfica y de menor dimensión poblacional, como es el nivel municipal. Con respecto a Colombia refieren que los defensores del acto solapadamente afirman que la Constitución de 1991 de ese país no establece limitaciones a la potestad tributaria de los municipios, cuando lo cierto es que otorga competencia exclusiva a los municipios únicamente en la tributación de los inmuebles, que es un criterio de legislación propuesto por la doctrina del Federalismo Fiscal. Que en lo que corresponde a las actividades de servicio, la norma del artículo 199 del Decreto 1333 de 1986 destaca lo que debe entenderse por servicios en la ley colombiana de municipios, refiriéndose sólo en su parte final, casi de modo marginal, a los servicios de consultoría profesional, lo que hace pensar que tradicionalmente no fueron materia del Impuesto de Industria y Comercio colombiano; pero que lo más importante, por su significación sistemática, es que en Colombia los impuestos municipales se encuentran articulados con el régimen simplificado de industria y comercio, que representa un sistema de tributación unificada muy especial aún no existente en Venezuela, y que permite una delimitación exacta de la dimensión económica de los tributos asignados para evitar interferencias entre entidades públicas territoriales, de forma que los fragmentos de legislación colombiana citado por los defensores del acto no son trasladables al ordenamiento jurídico venezolano. Finalmente, esgrimen que el propósito equivocado de la asimilación comparativa intentada por los representantes del Municipio Chacao lleva a ratificar que la conformación de cada tributo debe ser establecida con referencia obligada al sistema de tributos en el que se inserta, en particular, en atención al reparto de fuentes tributarias en cada ordenamiento nacional, basado en asignaciones específicas de hechos imponibles a los distintos niveles de gobierno, por lo que solicitan que se declare la nulidad de la ordenanza impugnada. b) De la sociedad civil Benson, Pérez Matos, Atalky & Watts.- Esgrimen los apoderados judiciales de la indicada sociedad, luego de realizar algunas consideraciones acerca de la legitimación de su representada y de señalar que comparten los fundamentos esgrimidos por la recurrente, que conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimocuarta, mientras se dictasen las nuevas leyes que desarrollen los principios constitucionales que rigen la materia municipal, deben mantenerse en vigor las ordenanzas existentes al momento de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Que, no obstante ello, el Concejo Municipal de Chacao derogó, desatendiendo el mandato constitucional, su Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, es decir, no mantuvo la vigencia de la ordenanza que estaba siendo aplicada cuando la Constitución entró en vigencia, a pesar de que la disposición transitoria referida era realmente clara y contundente, por lo que no era posible, en su criterio, que el Concejo Municipal modificara la ordenanza impugnado transgrediendo así la norma constitucional contenida en la disposición transitoria referida. En otro sentido, aducen la transgresión del principio de legalidad tributaria, pues, aun cuando el impuesto de actividades económicas del Municipio Chacao se creó cumpliendo todas las formalidades requeridas, para que la ordenanza pudiese adaptarse cabalmente al principio en referencia debía emanar de un poder legislativo con pleno poder tributario para ello. Con esta afirmación dicen no desconocer que los municipios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 179 del texto constitucional, tienen poder tributario; pero, en su criterio, el impuesto en referencia sólo puede gravar el ejercicio de actividades de índole industrial y comercial, no las de naturaleza civil como es el caso de los recurrentes y de quienes se adherían. Que, dada la diatriba que durante años causó el término patente de industria y comercio, el Constituyente separó claramente el poder tributario de imponer el pago de la tasa por la expedición de la licencia administrativa, del impuesto a las actividades económicas industriales, comerciales, de servicios o de índole similar, asumiendo para ello una redacción similar a la que utilizaban algunas ordenanzas de patente sobre industria y comercio del país. Es así como, en su criterio, los términos “actividades económicas”, “servicios” o “de índole similar”, ya habían sido incorporadas a las ordenanzas en materia de impuesto sobre patente de industria y comercio, de forma tal que, cuando el Constituyente decidió dar una nueva redacción al impuesto, haciendo una clara diferenciación entre el impuesto a las actividades industriales y comerciales de la tasa para la obtención de la licencia, simplemente se limitó a utilizar la redacción que muchas de las ordenanzas utilizaban, sin pretender con ello crear un impuesto a actividades diferentes a las industriales y comerciales. Con base en lo anterior, afirman que la denominación del tributo como impuesto a las actividades económicas industriales, comerciales, de servicios o de índole similar no implica la extensión del tributo a actividades civiles, de forma tal que no entiende por qué el Municipio Chacao gravó actividades diferentes a las de naturaleza industrial y mercantil, como por ejemplo las desarrolladas por los abogados, al carecer los municipios de poder tributario para crear un impuesto que grave el ejercicio de actividades de naturaleza civil, por lo que solicitaron que se declare la nulidad de la Ordenanza Impugnada así como el Grupo XXI de su Clasificador de Actividades. c) De la Compañía Venezolana de Inspección, S.A. (COVEIN).- Señalan los apoderados judiciales de la indicada compañía que, dado el carácter exclusivamente profesional de las actividades económicas desplegadas por su poderdante, jamás ha estado sujeta al impuesto municipal de patente de industria y comercio ya que no ejerce actividades comerciales ni industriales. Que, al igual que los recurrentes, su representada se dedica al ejercicio de actividades de naturaleza esencialmente civil, como lo es la prestación de servicios profesionales, no en materia jurídica como aquellos, sino en la ingeniería. En su criterio, tanto la abogacía, como la contaduría, la medicina, la odontología y la ingeniería, entre otras profesiones universitarias, se encuentran afectadas por igual por la pretensión legislativa municipal de gravar con ese tributo las actividades profesionales universitarias, según lo estatuido en el Grupo XXI del Clasificador de Actividades de la ordenanza impugnada. Precisan que el Concejo Municipal de Chacao, al dictar la Ordenanza impugnada así como el Grupo XXI de su Clasificador de Actividades, violó claramente la norma contenida en el artículo 179, numeral 2 del Texto Constitucional que regula y desarrolla la potestad tributaria originaria municipal. Aseveran que el indicado Concejo partió de una premisa falsa al mal interpretar la norma constitucional y no comparar los hechos, presumiendo que su representada ha ejercido y ejerce actividades económicas de carácter comercial o industrial en la jurisdicción de ese Municipio. Indican que la referida ordenanza, como todo acto jurídico, está compuesta de un conjunto de elementos de cuya regularidad depende su validez. En este aspecto, hacen especial referencia a la causa como requisito de fondo y a los vicios de la misma, señalando con respecto a ésta que se trata de la circunstancia que justificaba, en cada caso, que un acto jurídico se dictase, condicionando de esta manera su validez. Que, en el caso de actos normativos, la causa no puede ser otra cosa que un precepto constitucional, máxime en el campo tributario, puesto que es la Carta Magna la fuente única de potestades tributarias originarias, en virtud de la concepción del deber de contribuir con las cargas públicas como una limitante a la libertad del patrimonio. Señalan que el reconocimiento constitucional de la potestad tributaria originaria del Municipio (artículo 179) implica que el indicado ente político-territorial puede regular todo el régimen jurídico tributario desde la creación del tributo hasta su recaudación e inversión sin injerencias de las ramas estadales o nacionales siempre que respete los términos establecidos en el artículo acotado. Con base en ello expresan que a pesar de que es evidente que cuando el Municipio Chacao dictó la Ordenanza impugnada actuó en ejercicio de su potestad legislativa conforme lo dispuesto en el artículo 179, numeral 2 constitucional, no debe obviarse que ese tributo está concebido como un impuesto que grava exclusivamente el ejercicio de actividades comerciales o industriales, no toda actividad económica con fines lucrativos como las profesionales, existiendo entonces un vicio en la causa o razón jurídica de la ordenanza dado que se le dio una desautorizada y arbitraria interpretación extensiva al indicado precepto constitucional, pechándose con ese tributo el ejercicio de actividades económicas de otra índole como las profesionales, por lo que imputan a la ordenanza impugnada, luego de citar la sentencia N° 3241/2002 dictada por esta Sala, el vicio de falso supuesto por errónea interpretación del correcto alcance de la potestad tributaria originaria del Municipio. Con respecto a la naturaleza jurídica de las actividades desplegadas por su representada, señalan que las mismas están especialmente regidas por la normativa contenida en la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines, que dispone en su artículo 3 que el ejercicio de las profesiones que regula esa ley no son una industria y, por tanto, no pueden ser gravadas con patentes o impuestos comercio industriales, supuesto que, afirman, encuadra completamente dentro del objeto social que persigue la Compañía Venezolana de Inspección, S.A. (COVEIN), tal como se evidencia del artículo 2 de su documento constitutivo estatutario. Que, a pesar que su representada estaba constituida bajo la forma de sociedad anónima, ello no quiere decir que sus actividades estén sujetas a la mercantilidad, en razón de que el Código de Comercio, en su artículo 3, reputa como actos de comercio, además de los dispuestos en el artículo 2, cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes si no resultaba contrario del acto mismo y si tales obligaciones y contratos no eran de naturaleza esencialmente civil, lectura que se le debe dar en concatenación a lo dispuesto en el artículo 200 eiusdem. Aducen que el legislador patrio con la normativa comentada creó una presunción desvirtuable de mercantilidad sobre las sociedades anónimas, presunción que, afirman, puede contradecirse en dos supuestos: cuando así estuviese dispuesto en leyes especiales; y cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria. En esa línea argumental, expresan que las actividades de asesoría que brinda su representada se rige por una ley especial que niega categóricamente que dicha actividad tenga el carácter comercial, y es por ello que no se encuentra comprendida dentro de los actos objetivos de comercio enunciados en el artículo 2 del Código de Comercio. Destacan que el ejercicio de las profesiones liberales, sin importar de cuál se tratase, tenían naturaleza esencialmente civil aun cuando contase con un ánimo lucrativo, siendo entonces ilegal imponer multas o impuestos con motivo del ejercicio de las profesiones comentadas, por más que persiguiesen fines lucrativos o tuviesen formas de sociedades mercantiles, puesto que lucro no quería decir necesariamente comercio o industria. En su escrito de conclusiones indican que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133 y 316, el sistema tributario establece la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo. Para ello, los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo. Que, en ese sentido, el Poder Público nacional tiene asignada, de conformidad con el artículo 156, la potestad tributaria nacional con competencia para regular la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios de los Estados, para establecer el régimen de sus situados constitucionales, la participación municipal en la misma y regular la coparticipación de los Estados en tributos nacionales, estatuyéndose, por su parte, en el artículo 179, las distintas potestades tributarias de los municipios. Con respecto a dicho artículo indican que de las discusiones de los constituyentes se evidencia que la modificación de la cual fue objeto la redacción original fue de carácter meramente nominativo, ya que toda la discusión giró entorno al nombre del tributo y no sobre el alcance de su hecho imponible. En efecto, refieren que la totalidad de la discusión llevada a cabo sobre la materia, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, se centró en el nombre del tributo, que se cambió de impuesto de patente de industria y comercio a impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, sin que se hubiese propuesto ni discutido u aprobado algo tan trascendente o sensible como lo es la ampliación o extensión del hecho imponible del tributo, por lo que no es válido realizar interpretaciones extensivas ya que riñen con el principio favoris libertis, que exige la más absoluta certeza sobre el alcance de la voluntad legislativa, con apego irrestricto al mandato constitucional. Luego de hacer algunas referencias doctrinales y jurisprudenciales indican que en nuestro derecho “constitucional tributario sustantivo dogmático” existe un régimen particular, propio del constitucionalismo venezolano, que subsiste como principio constitucional republicano de obligatoria observancia, por lo que no se puede pretender trasladar simplemente conceptos de Derecho comparado que riñen con el orden interno, en contradicción, incluso, con el fallo N° 3241/2002, dictado por esta Sala. Indican que en franca violación del principio constitucional de legalidad tributaria, se pretende dar a ese tributo un alcance distinto al deseado por el Constituyente. En tal sentido, resaltan los terceros que el hecho generador está constituido por el ejercicio habitual, en jurisdicción territorial de un determinado municipio, de actividades comerciales o industriales, sin que haya nada en el debate Constituyente de 1999 que evidencia el ánimo del Constituyente de variar el régimen jurídico tradicional de ese tributo, en el sentido de extender su hecho imponible a actividades económicas distintas de las comerciales o industriales. Que lo expuesto evidencia la importancia del clasificador de actividades de la ordenanza impugnada, por tratarse de la norma definidora de uno de los elementos más importantes del tributo: el hecho imponible y la alícuota, la cual varía dependiendo de la actividad ejercida. De allí la necesidad de que los códigos respectivos del clasificador de actividades económicas de esa Ordenanza constituyan normas claras y precisas que posibiliten su aplicación constitucional, legal e inequívoca en cada caso concreto, para evitar interpretaciones divergentes que abran campo a la discrecionalidad de los funcionarios, por lo que ante tales circunstancias, a su entender, es patente la violación por la Cámara Municipal de Chacao del principio de legalidad tributaria, establecido en el artículo 317 constitucional, por lo que solicitan que se declare la nulidad de la ordenanza impugnada. III Alegatos del Municipio Chacao del Estado Miranda Los apoderados judiciales del ente político territorial cuyo órgano legislativo dictó la Ordenanza impugnada señalan, luego de hacer algunas consideraciones acerca de los métodos de interpretación constitucional, que el artículo 179 de la Carta Magna enumera cuáles son los ingresos de los municipios y que entre ellos, en el numeral 2, nombra los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar. Siendo así, esgrimen que la cuestión a dilucidar es si el ejercicio de profesiones liberales puede ser un hecho imponible del impuesto municipal sobre actividades económicas, aspecto que, en su criterio, se resuelve aplicando el método de interpretación literal o gramatical. Indican los defensores de la Ordenanza que otro método de interpretación de la Constitución al cual es pertinente acudir para desentrañar el significado del texto finalmente aprobado, es el histórico, originalista o de la intención del Constituyente. En este sentido, esgrimen que de las discusiones que se llevaron a cabo en la Asamblea Nacional se observa que la intención del Constituyente fue la de modificar la patente de industria y comercio por un impuesto municipal mucho más amplio que tuviera como hecho imponible cualquier tipo de actividad económica, indistintamente de su naturaleza. Que el examen de este punto en la tramitación constituyente debe iniciarse con el análisis del primer borrador de la disposición que finalmente quedó plasmada en el artículo 179, numeral 2 de la Carta Magna; según indican, en el informe final de la Comisión sobre la Forma de Estados y Asuntos Municipales y otras Entidades Federales de la Asamblea Nacional Constituyente se expresa que se ha buscado diseñar un sistema lo suficientemente amplio y generoso para que las entidades político territoriales pudieran dar cumplimiento a las competencias y servicios que constitucionalmente les son exigidos. Con ello, sostienen, pretendieron los constituyentes proponer disposiciones que en cada caso fueran acorde con tal propósito y que fueran a la vez lo suficientemente claras, en cuanto a su extensión, para evitar que por vía interpretativa se disminuyeran sin fundamento los ingresos originalmente pautados. Que el indicado informe recurre a una fórmula expansiva de la actual potestad de imposición sobre industria y comercio para caracterizarla como un impuesto sobre actividades económicas, propuesta que en la Asamblea Nacional Constituyente no fue controvertida en cuanto a su esencia, ya que todos los que intervinieron sumaron esfuerzos por buscar una fórmula lo suficientemente amplia y extensa que englobara, como hecho imponible del impuesto municipal, cualquier actividad económica sin importar su naturaleza. La idea de fondo, esgrimen, era que cualquier persona, natural o jurídica que realizara actividades económicas de cualquier índole en un municipio contribuyera con los gastos que apareja la prestación de los servicios públicos a que están obligados por la propia Constitución. Para los defensores del acto “[l]a discusión, en fin, se tornó en la búsqueda de una fórmula para calificar el impuesto lo suficientemente amplia, que pusiera el énfasis en la ‘actividad económica’ y, por ello, luego de pensar evitar cualquier calificativo de tal concepto general, se resolvió, en procura de tal amplitud y de evitar interpretaciones restrictivas, utilizar la frase: ‘los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución’. Así quedó plasmado en la Constitución, aprobada por el pueblo”. Para los defensores del acto la intención del Constituyente no deja lugar a dudas. Se debatió sobre la fórmula a usar para describir al nuevo impuesto municipal para que no se restringiera a unos determinados tipos de actividades económicas con exclusión de otras. Indica también la parte defensora del acto que la interpretación sistemática del artículo 179 numeral 2 de la Constitución contribuye con la constitucionalidad de la ordenanza impugnada. Al respecto, refiere que al hacer un estudio sistemático del alcance del impuesto municipal para verificar si la actividad económica “servicio profesional” está comprendida en el mismo o si, por el contrario, debe ser excluida, se extraen dos conclusiones. La primera, que no hay ningún artículo o principio constitucional que procure una exclusión de los servicios profesionales como hecho imponible del impuesto; la segunda, en sentido opuesta a la primera, que existen varios preceptos constitucionales que apuntan a la inclusión irrestricta de los servicios profesionales como hecho generador del tributo municipal. En este sentido, refieren que de la lectura inicial del precepto constitucional se concluye que el hecho imponible del impuesto es el ejercicio de actividades económicas (sean éstas de industria, comercio, servicio o de índole similar), por lo que, en principio, cualquier persona que tenga en el municipio un establecimiento o base fija que suponga la obtención de bienes y riquezas está obligado a contribuir tributariamente; sin embargo, acotan que la conclusión de la actividad económica “servicios profesionales” como hecho imponible del impuesto municipal, que surge, a su decir, de una interpretación literal, no necesariamente será válida si la tributación por servicios profesionales está luego prohibida expresamente por otras normas constitucionales o no se compadece, aun de modo implícito, con algunas de éstas o cualquier principio constitucional. Empero, sostienen que no existe artículo en el Texto Fundamental que excluya los servicios profesionales como hecho generador del tributo, y que las limitaciones a tal impuesto que la Constitución dispone, en todo caso, se encuentra expresada en el artículo 156, numeral 13, donde se autoriza al legislador nacional a dictar una legislación de coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; pero que ni siquiera a través de tal legislación futura podría excluirse válidamente como hecho imponible del impuesto municipal determinadas actividades económicas, y mucho menos la de servicio profesional, ya que tal habilitación al legislador nacional se circunscribe a definir los principios, parámetros y limitaciones para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, y no podría excluir de modo absoluto una determinada clase de actividades económicas del impuesto municipal porque ello representaría una transgresión o disminución ilegítima de las potestades tributarias que la propia Constitución otorga a los municipios. Según los defensores del acto, en tal precepto es que pensaba el Constituyente cuando incorporó a la formula del impuesto municipal la coletilla final de las limitaciones constitucionales. Son categóricos al sostener que no hay disposición constitucional que excluya expresamente a los servicios profesionales del pago del impuesto municipal sobre actividades económicas. Entienden, de hecho, que las limitaciones constitucionales no llegan, en ningún momento, a la exclusión del mismo como hecho imponible. Del mismo modo, sostienen que tampoco existe norma constitucional que justifique la exclusión de los servicios profesionales del impuesto municipal. Indican que el hecho que los profesionales liberales obtengan lucro o beneficios económicos desarrollando una actividad económica, si bien de carácter civil, es motivo suficiente para que, en vista de su capacidad contributiva, justicia tributaria, igualdad y generalidad, colaboren con los gastos municipales del mismo modo que lo hacen los industriales y comerciantes. En su criterio, no hay diferencia constitucional, en este punto, entre los industriales, los comerciantes o los profesionales, ya que todos ellos realizan una actividad de carácter económico y están obligados en la medida de sus capacidades a contribuir con las cargas públicas. En otro orden de ideas, arguyen que la única previsión constitucional que trata el ejercicio de las profesiones liberales es el artículo 105 y la Disposición Transitoria Décima Cuarta. Aunque no desdicen del señalamiento constitucional de que será la ley nacional la que determinará las profesiones que requerirán título y las condiciones para su ejercicio, sostienen que carece de relación tal previsión con la potestad tributaria de los municipios sobre la actividad económica que desempañan los profesionales. Para los defensores del acto una cuestión es la regulación, la legislación que reglamente alguna materia, y otra, muy diferente, es que tal materia, por mandato constitucional, pueda estar sometida al pago de tributos municipales o estadales, lo que perfectamente queda dilucidado con lo dispuesto en el artículo 180 de la Carta Magna En lo que atañe al supuesto regulado por la disposición transitoria indican que dicho precepto fue incluido para mantener vigente el régimen de colegiación hasta ahora vigente, y no es capaz de restar operatividad inmediata al resto de los artículos constitucionales, más aún cuando la legislación nacional que en el futuro se dicte para regular el ejercicio de las profesiones liberales no puede limitar las potestades tributarias del municipio, dado que, de actuar de ese modo, se atentaría contra lo dispuesto en los artículos 179 y 180 constitucionales. Refieren también que más allá de la inexistencia de una exclusión expresa o implícita de los servicios profesionales como generador del impuesto municipal sobre actividades económicas, varias normas y principios constitucionales se oponen de manera categórica a tal sustracción. El pago de tributo municipal por el ejercicio de actividades económicas de carácter civil, en su criterio, encuentra apoyo en varios artículos constitucionales. Indican que de tales preceptos el más importante de destacar es el referido al derecho a la igualdad (artículo 21). Al respecto, arguyen que siendo que no existen diferencias de peso entre los industriales, comerciantes y los profesionales, no hay razones válidas para que a uno de ellos, los profesionales, se les excluya del pago de impuestos municipales por la actividad económica que realizan. El trato preferencial que se otorgaría a dicho grupo social, por injustificado, pone en desventaja a los otros contribuyentes en detrimento del principio de igualdad, y más aún de los derechos de éstos a no ser perjudicados por tratos discriminatorios. En criterio de los defensores del acto, también confluyen en respaldo de esta postura la regulación constitucional sobre la materia tributaria, concretamente, los principios básicos de la justa distribución de las cargas públicas que debe tomar en consideración la capacidad contributiva de los contribuyentes, y el de la generalidad de los tributos (artículos 133, 316 y 317). Aducen que los preceptos en referencia sirven para confirmar la concepción extensiva del impuesto municipal sobre actividades económicas y la incorporación como hecho imponible de cualquier actividad que sea capaz de generar riquezas, como es el caso de las profesiones liberales. Que, al ser obvio que los profesionales obtienen beneficios económicos por sus servicios civiles, y al observarse que los municipios están habilitados constitucionalmente para gravar el ejercicio de las actividades económicas que se desarrollen en sus circunscripciones, es concluyente que los profesionales, en la medida de sus capacidades contributivas, deben colaborar con los gastos públicos y que el tributo municipal, con base en el principio de generalidad y justicia, debe exigirse a todas las personas o grupos sociales por igual. En igual sentido refieren que otro precepto constitucional que apoya tal inclusión es el que estipula la autonomía del municipio en materia fiscal, dispuesto en el artículo 168 constitucional, que, conjuntamente con los preceptos establecidos en los artículos 178, 179 y 180, avalan, a su decir, el uso pleno por los municipios de las potestades tributarias y execra cualquier interferencia de los poderes públicos al margen de la Constitución. En otro orden indican que una interpretación finalista puede sustentar, por igual, la constitucionalidad del texto legal impugnado. Así, refieren que en la búsqueda de principios o valores constitucionales que puedan incidir en el alcance o extensión de la frase constitucional analizada, surgen tres de máxima relevancia: la separación de poderes, la justicia y la igualdad. A su decir, el primero refuerza la consolidación de la descentralización territorial y funcional; el segundo repercute de modo inmediato en el sistema tributario mediante la exigencia de una igualitaria distribución de las cargas públicas y de la generalidad de los tributos; impidiendo, el tercero, situaciones materiales de injusticia, siendo la razón por la cual, en materia tributaria, se ordena constitucionalmente que la contribución en las cargas públicas sea justa y, a tales efectos, atienda siempre a la capacidad contributiva de las personas. Esgrimen que el principio de separación de poderes supone que, si bien todos los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado, cada una de las ramas que componen a éste tiene sus funciones propias, y en ese contexto una manera de profundizar la descentralización es garantizando la autonomía municipal y, entre estas, la elección de sus autoridades y la gestión de las materias de su competencia, luciendo indispensable sentar las bases para una verdadera autonomía de carácter financiero. Aducen que si tal postura está elevada a principio constitucional no existen motivos para abogar por interpretaciones restrictivas de la fórmula constitucional que dispone el referido impuesto; al contrario, se entiende del texto constitucional la incorporación de los servicios profesionales como hecho generador del tributo, lo que es confirmado con el principio supremo que, comentan, mira a asegurar la descentralización. Con respecto al principio de igualdad refieren que este principio tiene repercusión en todos los ámbitos jurídicos y que, como no puede ser diferente, afecta el sistema tributario. Así, la distribución entre las cargas públicas debe ser equitativa, igualitaria, pues todos, en igual medida, se benefician de los servicios públicos, de la actuación estatal, siendo ésta, entonces, la justificación del principio de la generalidad de los tributos. En su criterio, el valor de igualdad refuerza el alcance del impuesto estatuido en el numeral 2 del artículo 179 sobre todas las actividades económicas que se desarrollen en el territorio municipal, sin reparar en la naturaleza de la actividad que reporta bienes o riquezas; toda persona natural o jurídica que desempeñe sus operaciones económicas en un municipio, y por las mismas obtenga beneficios patrimoniales, está obligada a colaborar con los gastos públicos en la medida de sus posibilidades. No existe, a su entender, diferencia económica tributaria entre una persona o empresa dedicada a actividades industriales o comerciales y una persona o entidad, cualquiera sea su forma jurídica, dedicada a la prestación de servicios profesionales. Las tres constituyen unidades lucrativas en las cuales se realizan un conjunto de actividades destinadas a la generación de riqueza en sentido amplio, las tres están conformadas por un conjunto de bienes y personas destinadas a la producción de enriquecimiento, y las tres constituyen un centro de imputación de ingresos, costos y gastos. No hay, por tanto, desde un punto de vista económico, financiero o fiscal, ningún motivo para excluir de tributación a estas actividades de servicios; por el contrario, afirman que su inclusión viene a constituir un elemento de equidad fiscal, en el sentido de ampliar la base de contribuyentes, lo que permite tener tarifas o alícuotas reducidas, por lo que la constitucionalidad de la ordenanza, refieren, es evidente. En lo que atañe al principio de justicia señalan que el precepto constitucional contenido en el artículo 316 indica que el sistema tributario se basará en una distribución de las cargas públicas justas, determinada según la capacidad contributiva de los contribuyentes. Que del valor de justicia aplicado en tal precepto se extraen dos consecuencias: que es justo que todas las personas ayuden en la medida de sus posibilidades a sufragar los gastos públicos municipales; y que tal participación atienda a la capacidad contributiva de cada una de ellas. Que si se responde al concepto de justicia se observa que para que una distribución de las cargas públicas sea justa se debe suponer que todas las personas con capacidad contributiva deben colaborar pagando sus impuestos según le corresponda, de forma tal que no hay discusión de que es justo que toda persona que presta actividades económicas en el municipio colabore con los gastos públicos, al tiempo que, al revés, sería francamente injusto que solamente algunos sectores sociales, como los industriales y comerciales, terminen sufragando la totalidad de las cargas públicas y vean cómo se favorece, sin justificación, a otros grupos en igualdad de condiciones, desprendiéndose, en su criterio, que no hay ningún otro principio constitucional, que incida en la lectura del artículo 179 numeral 2 de la Constitución. Por otra parte, los apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Miranda arguyen que la gravabilidad a nivel municipal de las actividades económicas que realizan los profesionales liberales, también está legitimidad desde una interpretación económica tributaria del precepto constitucional. En ese orden de ideas refieren que las normas de contenido tributario, así sean constitucionales, deben ser interpretadas tomando en consideración la esencia de las vinculaciones económicas entre los sujetos sometidos a su aplicación y, en definitiva, a quienes ella va dirigida: sujetos que conforman la relación jurídico tributaria. Esgrimen que el derecho tributario regula las manifestaciones de riqueza, que son situaciones de alto componente económico y les otorga una consecuencia jurídica, lo que implica que las situaciones de naturaleza o contenido económico tienen consecuencia jurídicas y a la inversa. Que tal simbiosis entre el Derecho y su significación económica no debe ser nunca descuidada por el intérprete de la norma tributaria, pues de lo que se trata es que las exteriorizaciones o manifestaciones de riqueza y de capacidad económica sean valoradas por el legislador y cuantificadas en el pago de tributos con base en los supremos principios de justicia distributiva, igualdad tributaria y generalidad. Que el impuesto sobre actividades económicas debe ser interpretado de forma extensiva, pues un examen del hecho económico regulado por la norma constitucional en análisis así lo justifica. Afirman que una interpretación adecuada del dispositivo constitucional lleva a sostener que los profesionales liberales gozan de capacidad contributiva, que los servicios profesionales constituyen actividades económicas en sentido amplio y que, por tanto, éstos son susceptibles de ser gravadas con el impuesto municipal. Que lo expuesto se halla ratificado cuando se estudia con detenimiento, desde la misma perspectiva, la evolución histórica de la potestad tributaria municipal, que explica las razones de la limitación tradicional de la patente de industria y comercio, y su paso al impuesto sobre actividades económicas, y cuando se observa el régimen del Derecho Comparado en tal materia, donde la tendencia mayoritaria es hacia la gravabilidad por los entes municipales o locales de toda actividad económica y, entre ésta, el ejercicio de servicios profesionales. Los defensores del acto, luego de hacer un breve recuento histórico de la potestad tributaria municipal, indican que en sus inicios fue concebida como una mera patente por el desempeño en el municipio de actividades comerciales e industriales, siendo la jurisprudencia, a pesar de las deficiencias de la Constitución de 1961, la encargada de precisar la naturaleza de la indicada patente, diferenciando claramente entre la tasa administrativa que debe pagar el sujeto pasivo para poder ejercer libremente su actividad económica dentro del territorio de determinados municipios, del impuesto sobre el ejercicio de actividades económicas dentro de la circunscripción municipal. Que tal evolución no supuso una extensión absoluta del hecho generador del impuesto, que tenía como límite la literalidad de la Constitución de 1961 que aludía solo a las actividades de industria y comercio, construyéndose, por tanto, un impuesto limitado a tales actividades. Que a ese período pertenecen todas las leyes que fueron dictadas para regular el ejercicio de las profesiones liberales, las cuales establecen, dado el marco constitucional en el cual fueron sancionadas, que el ejercicio de tales profesiones no estaban sujetas al impuesto municipal que versaba sobre industrias y comercios, precisamente, por tener naturaleza civil, siendo esa la razón por la cual nunca se discutió en doctrina y jurisprudencia la limitación del hecho imponible del impuesto municipal a las actividades de industria y comercio y la subsiguiente exclusión de los servicios profesionales del mismo. Refieren que esa es la razón que arroja la historia. Un impuesto, en principio amplio, degeneró en una mera habilitación administrativa y luego, al ser convertido en impuesto, de nuevo quedó circunscrito a las actividades que se autorizaban a través de las patentes, es decir, a la industria y al comercio. Que salvo la limitación que provenía de la propia Constitución, no existían razones que justificaran la exclusión de los profesionales del mismo, al extremo que, tan pronto se tuvo la oportunidad, siguiendo la tendencia mundial, se corrigió ese limitado alcance del impuesto municipal, siendo esa la circunstancia por la que el texto constitucional actual ha aclarado la naturaleza del impuesto, diferenciándolo de las tasas administrativas o patentes, y modificando su denominación, poniendo el énfasis en que se trata de un impuesto que grava cualquier actividad económica. Adicionalmente señalan que el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, al referirse a los ingresos de los Municipios, es cuidadoso al diferenciar las tasas por el uso de sus bienes o servicios del indicado impuesto. En tal virtud, afirman, la norma deslinda claramente la causación del impuesto a las actividades económicas del otorgamiento del permiso o licencia, necesario como requisito previo para el ejercicio de dichas actividades dentro de la jurisdicción municipal. Indican que no existen dudas de que la Constitución de 1999 ha significado importantes cambios en la estructura jurídico tributaria del Poder Público Municipal, que la Constitución le atribuyó a los municipios, como potestad tributaria originaria, los ingresos provenientes de los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, configurándose de esta manera, a su decir, un nuevo sistema tributario local, inspirado en la efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades municipales. Se trata, arguyen, de una figura tributaria nueva, de un impuesto desvinculado formalmente de su antecesor, a la que deroga y sustituye, toda vez que ese nuevo impuesto tiene un ámbito de aplicación mayor y va más allá de la actividad industrial y comercial de la derogada patente de industria y comercio, tal como se desprende de la interpretación literal, de la intención del constituyente, sistemática, finalista y económica tributaria, aunado al estudio comparado que realizaran. Con base en lo anterior, sostienen que la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda refleja en su articulado la moderna dogmática tributaria y los principios económicos de imposición, con base en una relación jurídico-política de derecho entre el municipio y los contribuyentes sometidos a su poder tributario, donde se respetan los derechos constitucionales y legales de los contribuyentes, pero se exigen correlativamente su deber de coadyuvar con los gastos municipales mediante el impuesto sobre actividades económicas, haciendo especial hincapié en el principio de generalidad e igualdad tributaria mediante el sometimiento a tributación de todas las actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción municipal, ya que no existe ninguna razón de índole jurídica o económica que exima de tributación a las actividades económicas de servicio y grave a las actividades económicas de industria y comercio. Finalmente, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, señalan que dicho texto pone en evidencia la adecuación de la interpretación que hizo el Municipio Chacao al dictar la Ordenanza sobre Actividades Económicas del artículo 179.2 constitucional. En su criterio, la aludida Ley nacional efectivamente desarrolla el tema del impuesto municipal a las actividades económicas de modo que no deja duda alguna de que los servicios profesionales independientes están incluidos entre los hechos imponibles de dicho impuesto municipal. En ese sentido, afirman que el artículo 207 de esa Ley establece de manera amplia los hechos imponibles del impuesto, dejando claro que es la realización de una actividad económica o lucrativa ejercida habitualmente, sin reparar en su naturaleza, el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas. Que el carácter de actividad económica y lucrativa de los servicios profesionales es inobjetable, pues el ejercicio de las profesiones liberales, la prestación de servicios profesionales tienen un fin de lucro ya que obtienen una utilidad que resulta de su acción, aunque ello no desconozca su connotación social por su indispensabilidad en una sociedad civilizada. Al ser ello así, -sostienen- quien desempeña una actividad con la intención de obtener ingresos económicos necesariamente encuadra en el hecho imponible del impuesto municipal, sin importar si la actividad lucrativa tiene carácter civil o mercantil, si se trata de servicios comerciales, industriales o de otra índole. La aludida interpretación amplia que supuestamente realiza la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se corresponde con la intención del Constituyente al debatir y aprobar el artículo 179.2 constitucional también la desprenden los defensores del acto del hecho de que en la Constitución, a su decir, no existe artículo o principio constitucional alguno que procure una exclusión de los servicios profesionales como hecho imponible del impuesto municipal en cuestión; por el contrario -afirman- varios preceptos apuntan a la incorporación irrestricta de los servicios profesionales como hecho generador del tributo municipal como ocurre con los artículos 21, 133, 316 y 317 de la Carta Magna. Asimismo, sostuvieron que la aludida Ley vino a confirmar que una interpretación finalista del artículo en cuestión avala necesariamente el carácter extensivo e igualitario del tributo como ingreso principal de los municipios. Que para no dejar duda del alcance del impuesto municipal, en concreto la inclusión como hecho imponible de los servicios profesionales, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 211 ensaya una definición de qué debe entenderse por actividad industrial, comercial y de servicio. Que la definición de actividad de servicios gravada por el impuesto municipal es absolutamente favorable a los efectos de la postura que ha defendido su representada, pues la indicación que hace en la definición del hecho imponible de las prestaciones de hacer incluyendo aquellas en las que predomine la labor intelectual denota sin discusión alguna posible la inclusión en la categoría de los servicios profesionales. Que indudablemente la predominancia de la actividad intelectual es una nota definidora del ejercicio de la actividad profesional liberal. Que esa característica es la que distingue al servicio profesional de los servicios comerciales e industriales y lo que otorga la naturaleza civil y no mercantil a la actividad, más aun cuando es la propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal la que le otorga a las actividades de servicios están aquellas en las que predomine la labor intelectual, pues es reflejo, a su entender, de la inclusión en tal categoría de la labor que desempeñan los profesionales liberales. Asimismo, adujeron por si fuera poco lo mencionado, la ley, en su artículo 211, parte final, pone en evidencia la inclusión de tal actividad de servicio cuando hace referencia a que serán objeto del tributo aquellos servicios que se realicen bajo relación de dependencia. Que tal excepción supone necesariamente que el resto de los servicios, entre ellos, los profesionales, son los que lógicamente pueden desempeñarse en calidad de subordinación o dependencia, ya que están englobados en la categoría cuando se prestan de forma independiente. En igual sentido, estiman que el artículo 213 al utilizar el término honorarios a que hace referencia la ley para determinar el ingreso bruto a los efectos del cálculo del impuesto demuestra que se trata de una vinculación directa al término servicios profesionales, por lo que no existe a su entender duda alguna de la obvia inclusión de los servicios profesionales entre los servicios grabados por el impuesto municipal a las actividades económicas. IV De la opinión del representante del Ministerio Público Señala la representación fiscal, luego de hacer referencia a la sentencia dictada por la otrora Corte Suprema de Justicia en Pleno, el 27 de noviembre de 1990, a las sentencias dictadas por esta Sala Constitucional, el 9 de marzo de 2000 y el 6 de febrero de 2002, referidas todas ellas a los métodos de interpretación constitucional, que las normas impugnadas son inconstitucionales en razón de que violan lo dispuesto en el artículo 105 de la Carta Magna, pues limita el ejercicio de las profesiones liberales cuando exige para dicho ejercicio, en sus artículos 3, 5, y 9, la autorización de la administración tributaria y el cumplimiento de las actividades dentro de un determinado horario. Para la vindicta pública, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10, la determinación de las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de una actividad profesional debe ser determinada por ley, entendiendo por tal, la nacional, de manera que al establecerse en dicha ordenanza que para ejercer actividades profesionales en el ámbito territorial del Municipio Chacao del Estado Miranda se requiere la autorización de la Administración Tributaria y Municipal y sólo dentro de un determinado horario, se viola el precepto aludido, dejándose en manos de la Administración el establecimiento del horario de ejercicio de actividades económicas como las profesionales. Asimismo, en su criterio, las disposiciones municipales transgreden los numerales 12, 13 y 32 del artículo 156 de la Carta Magna, en razón de que la competencia para la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos, tasas y rentas, no atribuidas a los Estados y Municipios por la Constitución, corresponde al Poder Nacional, y siendo que en el caso del ejercicio de actividades profesionales ni la Constitución ni la ley nacional alguna atribuyen a los municipios la facultad para pechar el ejercicio de tales actividades, es lógico que la instauración de un eventual impuesto a dicha actividad corresponde constitucionalmente al Poder Nacional y no al Municipal. Igualmente, esgrime que las disposiciones denunciadas riñen con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 179, en virtud de que la interpretación de dicha norma no se evidencia que le haya sido atribuida a los Municipios la facultad para pechar las actividades desarrolladas por los profesionales, compartiendo expresamente el Ministerio Público lo dispuesto por esta Sala en el fallo N° 3241/2002. Acota la representación fiscal, luego de hacer una extensa cita de la sentencia comentada, que la expresión contenida en el “artículo 1 de la Ordenanza” impugnada no puede considerarse como atributiva de competencia a los municipios para gravar tal actividad, por cuanto dicha norma está referida al ejercicio de actividades de índole mercantil y comercial y que el término servicios o de índole similar no significa que puedan pecharse actividades de naturaleza civil como el ejercicio profesional. Resalta, luego de hacer algunas citas al capítulo II, Título IV, y al Capítulo IV, de ese mismo título, de la exposición de motivos de la Constitución, que la estipulación de los impuestos corresponde, en esencia, a los constituyentes, no a los legisladores. Que a pesar de que exista la posibilidad de crear impuestos por vía legislativa no significa que la misma pueda hacerse de manera caprichosa, sino que, por el contrario, debe realizarse apegada a la Constitución y a las leyes. Que siendo que no existe en la Constitución ni en la ley norma alguna que disponga que corresponde a los municipios gravar las actividades profesionales, se tiene que la fijación de tal impuesto es a todas luces inconstitucional por transgredir lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 183, pues la competencia para crear un impuesto a las actividades profesionales corresponde al constituyente o al legislador. Finalmente, con respecto a la denuncia de violación de la disposición transitoria decimoquinta, estima dicho alegato como pertinente, pues, la legislación que rige la actividad de los profesionales sólo puede ser objeto de variación mediante la ley que dicte la Asamblea Nacional, de allí que, siendo que hasta la fecha no ha sido dictada la ley a que se refiere la citada disposición destinada a modificar el régimen de ejercicio de las distintas profesiones liberales, se debe concluir que la pretensión del Municipio Chacao de cambiar dicho régimen resulta inconstitucional. V. Consideraciones para decidir V.I.) De la reedición del acto normativo impugnado.- Adujo uno de los recurrentes en escrito presentado el 9 de febrero de 2006, que el 15 de diciembre de 2005 fue publicada en la Gaceta Municipal de Chacao N° Extraordinario 6008, la Ordenanza de Reforma Parcial a la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada el 8 de noviembre de 2002 en la Gaceta Municipal de Chacao N° Extraordinario 4352. En tal sentido, se observa que el recurso de nulidad fue primeramente ejercido contra las normas contenidas en los artículos 31, 67 y 69 y el Grupo XXI del Clasificador de Actividades de la Ordenanza N° 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda de 30 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Municipal N° 4255, Extraordinario. Posteriormente, vista la reforma a esa Ordenanza operada el 8 de noviembre de 2002, por sentencia de esta Sala N° 1944/2003 se declaró reeditadas las normas contenidas en los artículos 31, 67, 69 y el Grupo XXI del Clasificador de Actividades de esa Ordenanza, en la Reforma publicada en la Gaceta Municipal de Chacao N° Extraordinario 4352, de 8 de noviembre de 2002, cuyos textos son del siguiente tenor: “Artículo 31. Se entiende por base fija un lugar regularmente disponible para ejecutar servicios profesionales por parte de los sujetos pasivos de este impuesto”. “Artículo 67. Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de actividades profesionales a la persona natural que ejerza estas actividades por cuenta propia; las actividades profesionales ejercidas bajo la forma de sociedad civil serán consideradas como actividades de servicios profesionales y en consecuencia tributarán bajo este grupo del Clasificador de Actividades y son beneficiarias de la rebaja prevista en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Primero: Las personas naturales que inicien el ejercicio de su actividad profesional a partir del primero (1°) de enero de 2003, tendrán una rebaja adicional del treinta por ciento (30%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de esta actividad, durante los cinco (5) primeros años. Este período caducará, en todo caso, una vez transcurrido cinco (5) años de la primera presentación de la declaración estimada. Parágrafo Segundo: Las actividades profesionales ejercidas bajo formas societarias comerciales o mercantiles serán consideradas como Actividades de Servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Tercero: Las actividades profesionales ejercidas bajo cualquier forma de sociedad de hecho o en comunidad de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, será consideradas actividades de servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo; a menos que los profesionales integrantes de una oficina colectiva se dediquen exclusivamente al ejercicio de la profesión a título individual y la comunidad haya sido formada con el único fin de compartir los gastos que tienen conjuntamente, en este caso cada uno de los profesionales será sujeto pasivo del impuesto sin que la comunidad tenga tal condición y podrán disfrutar de las rebajas establecidas en este artículo” (resaltado añadido). “Artículo 69. Las personas naturales que además de realizar actividades profesionales a través de cualquier forma societaria o sociedad de hecho, también realicen la actividad por cuenta propia para sus clientes, tributarán separadamente según lo establecido en esta sección y en el Capítulo V del Título III de esta Ordenanza”. “Grupo XXI. Actividades de servicios profesionales. Actividades constituidas en esencia por la prestación de servicios por personas naturales en áreas para las cuales se encuentran acreditadas por un título de educación superior. Se entenderá por título de educación superior el así calificado por la Ley Orgánica de Educación”. Ahora, la Ordenanza aludida y su clasificador de actividades, como en efecto lo alegó el recurrente y como se desprende de la Gaceta Municipal de Chacao N° Extraordinario 6008 de 15 de diciembre de 2005, fue objeto de reforma; no obstante, las disposiciones normativas impugnadas aún subsisten en el nuevo texto normativo en los artículos 30, 66, 68 y en el Grupo XXIII del Clasificador de Actividades, que son del siguiente tenor: “Artículo 30. Se entiende por base fija un lugar regularmente disponible para ejecutar servicios profesionales por parte de los sujetos pasivos de este impuesto”. “Artículo 66. Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de actividades profesionales a la persona natural que ejerza estas actividades por cuenta propia; las actividades profesionales ejercidas bajo la forma de sociedad civil serán consideradas como actividades de servicios profesionales y en consecuencia tributarán bajo este grupo del Clasificador de Actividades y son beneficiarias de la rebaja prevista en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Primero: Las personas naturales que inicien el ejercicio de su actividad profesional a partir del primero (1°) de enero de 2003, tendrán una rebaja adicional del treinta por ciento (30%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de esta actividad, durante los cinco (5) primeros años. Este período caducará, en todo caso, una vez transcurrido cinco (5) años de la primera presentación de la declaración estimada. Parágrafo Segundo: Las actividades profesionales ejercidas bajo formas societarias comerciales o mercantiles serán consideradas como Actividades de Servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Tercero: Las actividades profesionales ejercidas bajo cualquier forma de sociedad de hecho o en comunidad de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, será consideradas actividades de servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo; a menos que los profesionales integrantes de una oficina colectiva se dediquen exclusivamente al ejercicio de la profesión a título individual y la comunidad haya sido formada con el único fin de compartir los gastos que tienen conjuntamente, en este caso cada uno de los profesionales será sujeto pasivo del impuesto sin que la comunidad tenga tal condición y podrán disfrutar de las rebajas establecidas en este artículo”. Artículo 68. Las personas naturales que además de realizar actividades profesionales a través de cualquier forma societaria o sociedad de hecho, también realicen la actividad por cuenta propia para sus clientes, tributarán separadamente según lo establecido en esta sección y en el Capítulo V del Título III de esta Ordenanza”. “Grupo XXIII. Actividades de servicios profesionales. Actividades constituidas en esencia por la prestación de servicios por personas naturales en áreas para las cuales se encuentran acreditadas por un título de educación superior. Se entenderá por título de educación superior el así calificado por la Ley Orgánica de Educación”. Por tanto, estando las normas impugnadas reeditadas en el texto de la reforma, estima la Sala que de existir en éstas las presuntas violaciones constitucionales también existirán en las normas contenidas, bajo numeración diferente, en la Ordenanza de Reforma Parcial a la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada el 15 de diciembre de 2005 en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008. Al ser ello así, esta Sala examinará los alegatos de inconstitucionalidad formulados por los recurrentes con relación a los dispositivos normativos contenidos en el texto de la reforma, atendiendo a lo expuesto en el precedente recaído en la sentencia N° 3241/2002. Así se decide. V.II.) De la falta de objeto del alegato de inconstitucional aplicación a la profesiones liberales de la norma contenida en el artículo 9 de la Ordenanza impugnada.- En su recurso, los apoderados judiciales de la Asociación Civil Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría (CEVA) -que fue acumulado a la causa signada con el N° 02-2634 mediante decisión N° 1944/2003-, además de impugnar las equivalentes de las normas contenidas en los artículos que precedentemente se declararon reeditados, alegaron la inconstitucional aplicación a las profesiones liberales de las normas contenidas en los artículos 3, 5, 9 y 26 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda. En tal sentido, mediante decisión N° 1798/2005, esta Sala declaró la nulidad por inconstitucionalidad, entre otras normas, de la contenida en el artículo 9 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 4785, del 31 de octubre de 2005. Por tanto, visto que el aludido precepto no ha sido reeditado en la reforma a la comentada Ordenanza, el mencionada alegato de inconstitucionalidad respecto de tal artículo carece de objeto, por lo que no será analizado en la motiva de esta sentencia. Así se decide. V.III.) De la inconstitucionalidad del acto normativo impugnado.- Determinada la competencia de esta Sala para conocer del recurso de nulidad interpuesto en la decisión N° 1944/2003, procede a pronunciarse directamente acerca del mérito del asunto en los siguientes términos: Se impugna en esta causa las normas contenidas en los artículos 30, 66 y 68 y en el Grupo XXIII del Clasificador de Actividades de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008, del 15 de diciembre de 2005. Igualmente, se alega la inconstitucional aplicación a las profesiones liberales de las normas dispuestas en los artículos 3, 5 y 26 eiusdem; el texto de los mencionados preceptos son del siguiente tenor: “Artículo 30. Se entiende por base fija un lugar regularmente disponible para ejecutar servicios profesionales por parte de los sujetos pasivos de este impuesto”. “Artículo 66. Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de actividades profesionales a la persona natural que ejerza estas actividades por cuenta propia; las actividades profesionales ejercidas bajo la forma de sociedad civil serán consideradas como actividades de servicios profesionales y en consecuencia tributarán bajo este grupo del Clasificador de Actividades y son beneficiarias de la rebaja prevista en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Primero: Las personas naturales que inicien el ejercicio de su actividad profesional a partir del primero (1°) de enero de 2003, tendrán una rebaja adicional del treinta por ciento (30%) del monto del impuesto causado por el ejercicio de esta actividad, durante los cinco (5) primeros años. Este período caducará, en todo caso, una vez transcurrido cinco (5) años de la primera presentación de la declaración estimada. Parágrafo Segundo: Las actividades profesionales ejercidas bajo formas societarias comerciales o mercantiles serán consideradas como Actividades de Servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo. En este caso, la entidad jurídica será el sujeto pasivo del impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condición. Parágrafo Tercero: Las actividades profesionales ejercidas bajo cualquier forma de sociedad de hecho o en comunidad de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, será consideradas actividades de servicios y en consecuencia no son beneficiarias de las rebajas previstas en este artículo; a menos que los profesionales integrantes de una oficina colectiva se dediquen exclusivamente al ejercicio de la profesión a título individual y la comunidad haya sido formada con el único fin de compartir los gastos que tienen conjuntamente, en este caso cada uno de los profesionales será sujeto pasivo del impuesto sin que la comunidad tenga tal condición y podrán disfrutar de las rebajas establecidas en este artículo”. Artículo 68. Las personas naturales que además de realizar actividades profesionales a través de cualquier forma societaria o sociedad de hecho, también realicen la actividad por cuenta propia para sus clientes, tributarán separadamente según lo establecido en esta sección y en el Capítulo V del Título III de esta Ordenanza”. “Grupo XXIII. Actividades de servicios profesionales. Actividades constituidas en esencia por la prestación de servicios por personas naturales en áreas para las cuales se encuentran acreditadas por un título de educación superior. Se entenderá por título de educación superior el así calificado por la Ley Orgánica de Educación”. “Artículo 3. Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, de manera habitual en jurisdicción del Municipio Chacao, requerirá la previa autorización por parte de la Administración Tributaria”. “Artículo 5. La solicitud de la Licencia de Actividades Económicas no autoriza al interesado a iniciar actividades, ni exime al infractor de las sanciones previstas en esta Ordenanza”. “Artículo 25. Es contribuyente toda persona natural o jurídica que realice habitualmente actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con fines de lucro, dentro de la jurisdicción del Municipio Chacao, independientemente que posea o no la Licencia de Actividades Económicas prevista en esta Ordenanza. La condición de contribuyente puede recaer en: 1. Las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho común. 2. Las personas jurídicas y los demás entes colectivos a los cuales el derecho común atribuyen calidad de sujeto de derecho. 3. Las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional”. Varias han sido las razones que los recurrentes y los terceros han esgrimido para señalar la inconstitucionalidad de las normas transcritas -la extensión de sus argumentos así lo demuestra-; sin embargo, y al margen de que esta Sala entre a considerar individualmente cada una de ellas, a dos se pueden reducir los alegatos fundamentales de su impugnación. El primero, según el cual, con fundamento en el artículo 105 constitucional, es exclusivo del Poder Público nacional establecer el régimen vinculado al ejercicio de las profesiones liberales; y el segundo, que pregona que la norma contenida en el artículo 179 numeral 2 de la Constitución sólo se refiere a actividades industriales y comerciales, lo que excluye de la potestad tributaria de los municipios a las profesiones liberales dado su carácter esencialmente civil. Tal esquema plantea un orden lógico para abordar la temática, orden que pasa, necesariamente, por aceptar que la posible inconstitucionalidad de los artículos impugnados depende de que esta Sala acepte o rechace la potestad tributaria de los municipios sobre las profesiones liberales, ya que tales preceptos, en sustancia, lo que hacen es regular los términos en que la actividad económica está sujeta al impuesto creado por la Ordenanza en cuestión. Acerca de este punto, la Sala, en sentencia n° 3241/2002, ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando expresamente “(…) que cuando el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar solo a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil (…)”, por lo que los Municipios pueden “(…) gravar únicamente aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias, quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 del Texto Constitucional, todas aquellas actividades económicas de naturaleza civil, como las desempeñadas con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al referido tributo (…)”. No obstante tal precedente, los defensores del acto sostienen la constitucionalidad de la Ordenanza alegando que la máxima jurisprudencial citada se produjo dentro de un contexto distinto al hoy discutido. En aquella oportunidad se trataba de una Ordenanza previa a la Constitución de 1999, refieren, mientras que en esta se trata de una Ordenanza dictada con ocasión a la interpretación del artículo 179.2 constitucional hecha por el legislador municipal; sin embargo, se trata de un argumento que riñe con lo que ha sido la concepción histórica del aludido impuesto y con el principio de división de poderes que reserva al Poder Público nacional todo lo concerniente a la regulación de las profesiones liberales. En efecto, en el precedente citado se indicó que lo que es hoy el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios y otras actividades de índole similar siempre ha estado vinculado de forma directa con el desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil. Ese sustrato histórico permite afirmar que sólo las actividades realizadas con fines de lucro -y no de honorarios- que tienen su causa en el desempeño de una industria o comercio, o en una actividad de servicio que sea afín con cualquiera de éstas, en tanto actividad de naturaleza mercantil o de interposición en el tráfico económico, han sido objeto del antiguo impuesto de patente sobre industria y comercio, sin que se tuviera conocimiento, destacó en esa oportunidad la Sala, que actividades de naturaleza civil hayan sido gravadas en Venezuela por esta vía tributaria con fundamento en alguna Constitución o en la Ley. Por otra parte, las profesiones liberales jamás han tenido naturaleza mercantil, el Código de Comercio, publicado en Gaceta Oficial n° 475 Extraordinario del 26 de julio de 1955, establece de forma expresa cuáles actividades son en Venezuela consideradas de naturaleza mercantil al enumerar, en su artículo 2, todas las actuaciones económicas que según el legislador nacional son actos objetivos de comercio, y al señalar, en su artículo 3, que se repuntan como actos subjetivos de comercio cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. Tal regulación mercantil permite afirmar, como ya se hizo en la sentencia aludida, que todos los demás actos o negocios jurídicos cuyo objeto sea valorable económicamente que no puedan ser subsumidos en ninguno de los dispositivos legales referidos, bien porque no sea0n actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por comerciantes o bien porque aun siendo comerciante el sujeto que la realiza cae en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente civil y, por tanto, se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil, como es el caso de las profesiones liberales. No desconoce la Sala, y este fue un argumento que trajo a colación la representación del Municipio Chacao del Estado Miranda, que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal trae una definición de aquello que debe entenderse por actividad económica de servicio en el mismo sentido que lo hace la Ordenanza impugnada, pero se trata de un argumento que dilucidarlo a fondo implicaría excederse del objeto de esta causa, pues amerita analizar la constitucionalidad del precepto de esa Ley nacional. En todo caso, lo importante a retener aquí es que la concepción histórica del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios y actividades de índole similar obliga a entender que el término servicio se refiere a servicios conexos a actividades industriales y comerciales, pues es ese tipo de actividad, en definitiva, la que genera verdadera riqueza, al extremo que doctrinariamente el beneficio económico que se obtiene de cada una de ellas se denominan de forma diferente si se trata de una u otra. Al de las primeras se les llama ganancias; mientras que al de los servicios profesionales se les denomina honorarios. Por otro lado, la constitucionalidad del precepto riñe también con la distribución de competencia a que alude nuestra carta Magna en su artículo136. Toda la regulación de las profesiones liberales pertenece al Poder Público nacional por una razón fundamental: la necesidad de unificar el régimen y evitar arbitrariedades al momento de estipular los requisitos que se deben cumplir para ejercer cualquier profesión, que por sus características son indispensables para la buena marcha de la sociedad. En definitiva, el Constituyente fue previsivo al resguardar de posibles regulaciones dispares los requisitos para ejercerlas. Al ser ello así, no le cabe duda a esta Sala de que el Municipio Chacao del Estado Miranda, al interpretar que el vocablo “servicios” que contiene el artículo 179.2 de la Constitución se refiere a cualquier tipo de servicios y no a los conexos a actividades industriales y comerciales se excedió del ámbito de sus competencias, trasgrediendo con ello la norma contenida en el artículo 136 de la Constitución, pues invadió la esfera competencial del Poder Público nacional, razón por la cual esta Sala declara la nulidad de las normas contenidas en los artículos 30, 66 y 68 la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda. Asimismo, declara la nulidad del Grupo XXIII del clasificador de Actividades de esa Ordenanza. Por otra parte, la Sala, haciendo uso de la denominada interpretación constitucionalizante, declara que cuando los artículos 3 y 25 de la aludida Ordenanza se refieren a actividades de servicio está haciendo alusión a los servicios conexos a las actividades industriales y comerciales, por lo que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales. Al ser ello así, esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre el resto de los argumentos esgrimidos para defender la inconstitucionalidad de los preceptos anulados. Así se decide. VI Decisión Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: con lugar el recurso de nulidad ejercido contra las normas contenidas en los artículos 30, 66 y 68 y el Grupo XXIII del Clasificador de Actividades de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008, del 15 de diciembre de 2005. SEGUNDO: la nulidad de los artículos 30, 66 y 68 y el Grupo XXIII del Clasificador de Actividades de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008, del 15 de diciembre de 2005. TERCERO: que las normas contenidas en los artículos 3 y 25 de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008, del 15 de diciembre de 2005, cuando utilizan el vocablo “servicios”, se refieren a los servicios industriales y comerciales. CUARTO: ordena la publicación íntegra de este fallo en la Gaceta Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se ordena también su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicará lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anula los artículos 30, 66 y 68 y el Grupo XXIII del Clasificador de actividades de la Ordenanza número 004-02 sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda, publicada en la Gaceta Municipal N° Extraordinario 6008, del 15 de diciembre de 2005, e interpreta los artículos 3 y 25 de la misma Ordenanza”. QUINTO: fija el inicio de los efectos del presente fallo con carácter ex nunc, es decir, a partir de su publicación por la Secretaría de esta Sala. Publíquese y regístrese. Notifíquese a las partes.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de abril de dos mil seis (2006). Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta, Luisa EstelLa Morales Lamuño

El Vicepresidente, Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados, PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Luis V. Velázquez Alvaray Francisco A. Carrasquero López MarcoS Tulio Dugarte Padrón CARMEN ZULETA DE MERCHÁN Ponente

El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. N° 02-2634 CZdeM/jlv


 
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